Inicialmente, las afectadas intentaron formalizar la denuncia ante la Comisaría 1ª, dependiente de la Policía Nacional. Sin embargo, siempre según el relato de las denunciantes, los agentes se habrían negado a recepcionar la exposición, argumentando que se trataba de “problemas de la calle” que debían resolverse entre las partes. Esta negativa, sostienen desde la Asociación UNES – Unidas en la Esperanza, dejó a las mujeres sin acceso inmediato a mecanismos básicos de protección.
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Ante la falta de respuesta policial, el caso fue denunciado ante el Ministerio Público. La causa fue inicialmente caratulada como “amenaza”, pero hasta el momento, según la organización, no se habrían dispuesto diligencias investigativas ni medidas de resguardo para las denunciantes, pese a que el riesgo persistiría.
Por su parte, en el Juzgado de Paz mencionaron que no tienen competencia para intervenir, al no tratarse de un caso de violencia doméstica.
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Desde UNES advierten que la problemática no afecta solo a estas once mujeres, sino que alcanza a otras personas que desarrollan actividades laborales en el Área 2, donde, afirman, las amenazas y la inseguridad son frecuentes.
La organización califica lo ocurrido como un posible caso de violencia institucional, al considerar que existieron omisiones y prácticas discriminatorias que obstaculizaron el acceso a la justicia. En ese sentido, recuerdan que la Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia tipifica la Violencia Institucional en su artículo 6, inciso n), y la define como: “Actos u omisiones cometidos por funcionarios, de cualquier institución pública o privada, que tengan como fin retardar o impedir a las mujeres el acceso a servicios públicos o privados o que en la prestación de estos se les agreda o brinde un trato discriminatorio o humillante”.
Ante este escenario, la Asociación Feminista Kuña Poty expresa su solidaridad con las trabajadoras sexuales afectadas, señalando que la violencia que enfrentan no proviene únicamente de la calle, sino también del propio Estado, a través de su desidia, discriminación y falta de garantías para el acceso a la justicia y a la protección.
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Tanto UNES como Kuña Poty instaron a las autoridades competentes, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, intervenir de manera urgente, garantizar medidas de protección y asegurar el respeto pleno de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, quienes reclaman condiciones básicas de seguridad, dignidad y acceso real a la justicia.