En una nueva resolución judicial, los jueces Camilo Torres, Pablino Escobar y Arnulfo Arias, integrantes del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, confirmaron la determinación del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú de elevar a juicio oral y público la causa contra el líder de Yo Creo, Miguel Prieto, y otros, conocido como el caso “Tía Chela”. La acusación había sido presentado por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle.
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En la apelación de la defensa de Prieto había argumentado que la acusación carece de fundamentación y cuestiona la exclusión de varias pruebas, afirmando que causa agravio a los procesados. Sin embargo para el tribunal la acusación reúne todos los requisitos legales y no tiene motivos para anular la relación de elevación de la causa a juicio oral.
Los antecedentes de la causa indican que durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000 mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
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Además del exintendente Miguel Prieto Vallejos, están acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez. Todos enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de un proceso penal por la compra de kits de alimentos que fueron distribuidos durante la pandemia.
Conforme a la acusación, se determinaron inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que se concluyó que la empresa no contaba con los productos al momento de ser adjudicada. También se sindica a los procesados de ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.
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Prieto aseguro en reiteradas ocasiones que el proceso penal en su contra es político y no judicial para arenarlo como posible candidato a la presidencia en el 2028.