Durante el juicio oral, realizado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N° 1 de Ciudad del Este, presentó diversas pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron acreditar tanto la existencia del hecho punible como la responsabilidad penal del acusado.
En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos, dictó la sentencia condenatoria en su contra.
De acuerdo con los antecedentes, los hechos se registraron de forma sistemática entre los años 2019 y 2022, en un inmueble ubicado en el kilómetro 13 Acaray, distrito de Minga Guazú, y comenzaron cuando la víctima tenía 10 años de edad.
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Los abusos inicialmente consistían en manoseos, hasta llegar a consumarse el coito en repetidas ocasiones. El agresor aprovechaba que su pareja y madre de la niña salía a trabajar para cometer los abusos. Tras los ataques, amenazaba de forma constante a la víctima para que no contara el hecho.
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La niña no aguantó más la situación que enfrentaba y decidió confesar lo sucedido a su profesora, quien activó el protocolo y denunció ante el Ministerio Público.
En el marco de la investigación, la Fiscalía dispuso una inspección física por parte de un médico forense y una evaluación psicológica de la menor a cargo de una profesional del Centro de Atención a Víctimas. Los estudios confirmaron que la niña sufría de abusos sexuales sistemáticos.
Asimismo, durante la entrevista en la Cámara Gesell, la menor relató pormenorizadamente los abusos sufridos en poder de su padrastro. Los hechos pudieron ser probados durante el desarrollo del juicio oral, que finalmente derivó en la condena de 17 años de prisión para el agresor.