Se trataba de uno de los proyectos estrella de la Dirección General de Tráfico (DGT) de ESspña y del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en reiteradas ocasiones instó al Congreso a que lo aprobaran tras un año encallado en la Cámara.
La iniciativa socialista buscaba rebajar el límite máximo de la tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire espirado) y unificarla para todos los conductores, eliminando las diferencias entre noveles y profesionales.
Y lo justificaba en los datos, ya que en casi un tercio de los accidentes está presente el alcohol. Además, casi la mitad de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico había bebido o tomado drogas, según los últimos informes del Instituto Nacional de Toxicología.
La proposición se hacía eco de investigaciones que demuestran que los conductores con una tasa entre 0,05 y 0,25 miligramos por litro de aire espirado (0,1 y 0,5 gramos por litro en sangre) tienen hasta tres veces mayor riesgo de accidente mortal, cuando se les compara con conductores sobrios.