La medida reglamenta mecanismos previstos en la llamada Ley Antimafia y tiene por objetivo impedir la circulación de recursos procedentes de plataformas de apuestas clandestinas, que, tras su embargo, serán destinados a inversiones en seguridad pública.
"Cumplido el debido proceso, los recursos embargados serán destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública y reforzarán el combate a las estructuras financieras del crimen organizado en el país", explicó el líder progresista -en un mensaje que publicó en sus redes sociales-.
Según el ministro brasileño de Justicia, Wellington Lima e Silva, entre un 41 % y un 51 % de las plataformas de apuestas que operan en Brasil son ilegales y atraen a unos 25,2 millones de apostadores.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó -en una rueda de prensa- que la Secretaría de Premios y Apuestas identificará a las empresas irregulares y notificará a las instituciones financieras, con conocimiento del Banco Central.
A partir de esa comunicación, los bancos estarán obligados a congelar las cuentas relacionadas con las operaciones investigadas.
"El bloqueo administrativo será inmediato y deberá ser confirmado por las entidades financieras en un plazo de hasta 48 horas", afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.
Durigan señaló que el Gobierno ha identificado cerca de trescientos operadores detrás de casi 50.000 sitios de apuestas retirados de internet, que utilizaban unas tres decenas de instituciones financieras para procesar sus pagos.
El Gobierno, sin embargo, todavía no ha calculado cuánto dinero podría ser recuperado mediante el nuevo mecanismo.
En caso de impugnación, las entidades afectadas podrán presentar alegaciones para revisar la medida. Si no prosperan los recursos, la Abogacía General de la Unión promoverá acciones judiciales para la expropiación definitiva de los fondos, que pasarán a integrar el fondo de seguridad pública.
La decisión fue anunciada un día después de una operación de policías y fiscales tributarios contra una red de apuestas clandestinas que operaba bajo licencias supuestamente emitidas por un municipio del estado de Río Grande do Norte.
Las investigaciones apuntan a delitos de blanqueo de capitales, explotación ilegal de juegos de azar, asociación criminal y delitos contra los consumidores.