“Desde el día de ayer (martes) las parejas (del mismo sexo) que quieran podrían acercarse al registro civil a casarse”, dijo a la AFP, Christian Paula, abogado de la Fundación Pakta que patrocinó a una de las dos parejas de hombres que ganaron las demandas que exigían el derecho de contraer matrimonio ante las autoridades civiles.
Al admitir las demandas de las dos parejas, el pasado 12 de junio la Corte Constitucional ecuatoriana se pronunció a favor del matrimonio civil igualitario con cinco votos a favor y cuatro en contra. Con ello Ecuador, un Estado laico pero de tradición conservadora, se sumó a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay en el reconocimiento de derechos de los homosexuales en Latinoamérica.
La sentencia fue publicada la noche del lunes en el Registro Oficial. Paula explicó que “en teoría ya no debería haber ninguna obstrucción por parte del registro civil” para que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, pues el organismo fue notificado y sus autoridades “ya debieron haber arreglado” su sistema para la inscripción de estas uniones.
Pamela Troya, activista por el matrimonio igualitario desde 2013, expresó su emoción en una publicación en Twitter acompañada de una foto con su pareja Gabriela Correa, con la que mantiene una relación desde hace una década. “No me cabe tanta emoción y felicidad en el pecho. Seis años de lucha han llegado a su objetivo: tener un país un poco más justo e igualitario que ayer , escribió Troya.
La sentencia del máximo tribunal, si bien da luz verde al matrimonio igualitario, no abre la posibilidad de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La histórica decisión desató protestas multitudinarias de grupos religiosos que se oponen al matrimonio igualitario.
En Quito y Guayaquil miles de católicos y evangélicos marcharon en defensa de la familia conformada por hombre y mujer y para exigir la renuncia de los jueces que dieron paso a las bodas entre personas del mismos sexo.
En 2015, Ecuador ya había dado un primer paso al validar la unión de hecho de parejas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) mediante una reforma al código civil.
