Según el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), un total de siete empresas y 36 personas físicas están siendo investigadas por su supuesta participación fraudulenta en las licitaciones de estadios de la Copa del Mundo de 2014, cuya sede fue Brasil.
Las compañías en cuestión son Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia, Camargo Correa, OAS, Queiroz Galvão, Delta, Grupo Odebrecht (representado por las empresas CNO, OECI y OPI) y Via Engenharia, de acuerdo con el comunicado del Cade.
La investigación comenzó a raíz de un acuerdo de lenidad con la constructora Andrade Gutierrez y algunos ejecutivos de la compañía, quienes presentaron documentos que mostraban indicios de acuerdos ilegales entre los concurrentes de las diversas licitaciones.
Las informaciones recogidas por el órgano demuestran que los contactos entre las diversas constructoras se iniciaron en 2007, tras la definición de Brasil como sede del Mundial, y se intensificaron en el segundo semestre de 2008.
El cartel, según el Cade, actuó hasta mediados de 2011, cuando fueron firmados los contratos referentes a las obras públicas de los estadios de fútbol para el Mundial.
Al menos ocho licitaciones pueden haber sido objeto de prácticas anticompetitivas: el estadio Mané Garrincha (Brasilia), Arena Amazônia (Manaus), Arena Pernambuco (Recife), Maracaná (Río de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Castelão (Fortaleza), Arena das Dunas (Natal) y Arena Fonte Nova (Salvador).
La superintendencia del Cade investiga también licitaciones complementarias a los principales certámenes, las podrían haberse visto afectadas por actos ilícitos.
En el mismo comunicado, el Cade también informó que abrió un proceso administrativo para investigar un supuesto cartel en licitaciones realizadas por la petrolera estatal Petrobras para contratar servicios de ingeniería y construcción de “edificaciones de grande porte con características especiales”.
El caso en cuestión inició a partir de la firma de un acuerdo de lenidad con Carioca Engenharia y las investigaciones apuntan a una supuesta formación del cartel en obras de ingeniería de al menos tres edificios de Petrobras.
La decisión final de las investigaciones está en manos del Tribunal del Cade, que podrá aplicar a las empresas multas de hasta el 20% de la facturación.
Las personas físicas, por su parte, pueden ser condenadas a multas que van de los 50.000 a los 2.000 millones de reales (entre 13.300 dólares a 531,9 millones de dólares).