En medio del calor y la humedad característicos de Altamira, localidad del amazónico estado de Pará, familiares esperaban por información de sus parientes ante la incertidumbre de saber si estaban vivos o muertos, ya que en la tarde de hoy solo diez de los 57 cuerpos habían sido identificados, según informaron portavoces del Instituto de Medicina Legal.
Los trágicos hechos sucedieron el lunes, cuando una sangrienta disputa en el Centro de Recuperación Regional de la localidad de Altamira, entre las facciones criminales Comando Rojo y Comando Clase A acabó con 16 reclusos decapitados y otros 41 que perecieron debido al humo que se extendió por el complejo después de que los atacantes prendieran fuego al lugar.
Este martes, la situación en los alrededores del presidio era caótica y el hedor que dejó tras de sí la matanza y el incendio hizo casi que obligatorio el uso de tapabocas para poder soportarlo. Debido a las carencias de la región, los cuerpos de las víctimas fueron depositados dentro de un camión con sistema de refrigeración y solo hasta el final de la tarde comenzaron a ser liberados aquellos que habían sido identificados.
El hacinamiento, la falta de control de las facciones criminales dentro de los presidios y la débil gestión administrativa son los principales factores que han abierto un nuevo capítulo en la crisis del sistema penitenciario de Brasil, que parece nunca acabar.
Con la tragedia de Altamira, la peor de 2019, ya son más de un centenar de reclusos muertos este año en penitenciarías brasileñas al norte de Brasil por enfrentamientos entre facciones criminales que quieren obtener el control del negocio del narcotráfico. Dos meses antes, en mayo, disturbios registrados en varias cárceles de Manaos, la capital del estado de Amazonas, también al norte de Brasil y vecino de Pará, 55 reclusos perdieron la vida en menos de 48 horas por disputas entre facciones rivales.
El negocio del narcotráfico se viene controlando desde las cárceles en los últimos años, un comercio que se ha concentrado en las fronteras y especialmente en la del Amazonas por su baja fiscalización. La matanza de esta semana, considerada una de las mayores desde 1992, cuando 111 presos fueron asesinados por la Policía en un motín en una Casa de Detención de Sao Paulo, popularmente conocida como Carandirú, ha causado conmoción en Brasil y volvió a abrir el debate sobre las precarias condiciones de las penitenciarias del país.
Brasil es considerado el tercer país con más reclusos en el mundo, detrás solo de Estados Unidos y China. Según datos divulgados este martes por Amnistía Internacional (AI) , este año la población carcelaria del gigante suramericano llegó a las 812.000 personas. Para la organización, que desde hace varios años viene alertando sobre esta problemática, la masacre es un “reflejo” de un sistema carcelario “estrangulado” y se debe a un modelo de seguridad pública “agotado”.
La cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de unos 200 presos, pero albergaba más de 300 y según las autoridades penitenciarias aproximadamente un 30 % de los reos aún no estaba juzgado. Las guerras entre facciones criminales al interior de las prisiones por el control del narcotráfico ha causado víctimas colaterales entre las cuales muchos reos que todavía no tenían su situación resuelta y que permanecían recluidos junto con delincuentes ya juzgados y condenados con altas penas.
Tras la matanza, el Gobierno de Pará, inició este martes el traslado de 46 presos implicados en la masacre de la cárcel de Altamira, a otras prisiones del estado para garantizar su aislamiento y diez de ellos serán recluidos en presidios federales de máxima seguridad en Belém, capital de Pará.
La Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará (Susipe) informó a Efe que a partir de hoy 30 reclusos serán transferidos por tierra, mientras que los otros 16, considerados más peligrosos y apuntados como los líderes de la masacre, serán desplazados vía aérea. A petición del Gobernador de Para, Helder Barbalho, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, autorizó en la últimas horas el envío de hombres de la Fuerza Tarea de Intervención Penitenciaria (FTIP) a Pará, que estarán en el estado durante 30 días, para ayudar a controlar la situación.