"La Lava Jato es fruto de la institucionalidad. Es resultado de las instituciones. Pero la Lava Jato no es una institución”, aseguró el magistrado.
La operación, que salió a la luz pública el 17 de marzo de 2014, destapó los sobornos que pagaban empresas constructoras a políticos y altos funcionarios de la estatal Petrobras para adjudicarse contratos amañados de la petrolera.
Desde entonces políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera han sido vinculados con las corruptelas descubiertas por la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil.
Uno de los casos más visibles ha sido el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, un caso que puede ser derribado -como muchos otros- por un dictámen de la Corte que ha sido centro de fuertes críticas que lo señalan como un obstáculo en la lucha anticorrupción en el país suramericano.
En marzo pasado y tras una ajustada votación (6-5) , la Corte dejó bajo la competencia de la Justicia electoral los casos de crímenes comunes -que incluyen corrupción y lavado de dinero- que tengan conexión con irregularidades en campañas políticas.
Con esta decisión, el caso de Lula podría ser anulado y enviado a la Justicia electoral para su análisis, algo que ya fue solicitado mediante un recurso por los abogados del expresidente.
Lula está tras las rejas acusado de recibir un apartamento de la constructora OAS a manera de soborno a cambio de favores políticos, un caso que está vinculado con irregularidades electorales durante la campaña a la reelección de Dilma Rousseff (2011-2016) .
Para Dias Toffoli, las reacciones que cualquiera de los tres poderes han tenido frente a la Lava Jato han sido vistas como un intento de acabar con esa operación.
Por eso el magistrado recordó que el poder judicial se ocupa del pasado y que los poderes ejecutivo y legislativo del presente y del futuro.
“Si todo se detiene en el poder judicial es un fracaso de los otros sectores de la sociedad”, puntuó.
