Toledo está acusado de haber recibido hasta US$ 35 millones de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park, cerca de San Francisco.

El exmandatario lleva encarcelado desde el pasado 16 de julio, cuando el Buró Federal de Investigación (FBI) entró en su casa de Menlo Park (California, EE.UU.) para detenerle, y halló un maletín con 40.000 dólares en efectivo que el magistrado usó en una primera instancia como prueba de que existía riesgo de fuga.

Pese a haberle sido denegada la libertad bajo fianza en una primera vista a finales de julio, Toledo cambió de abogado, y su nuevo defensor pidió al juez Thomas Hixson, del distrito Norte de California, que reconsiderase su decisión en base a la nueva documentación aportada.

El abogado de Toledo, Graham Archer -asignado de oficio al asegurar el acusado que no puede hacer frente financieramente a los costes de un defensor privado- reiteró ante el juez que el expresidente tiene fuertes vínculos personales con el área de la Bahía de San Francisco y que no existe riesgo de fuga.

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El expresidente siempre ha defendido que las acusaciones en su contra son una mentira, fruto de la “persecución política” que sufre por parte de sus “enemigos”, aun cuando cada vez se corroboran más pruebas que apuntan a que recibió grandes cantidades de dinero de Odebrecht y utilizó mecanismos de blanqueo de dinero para ocultar su origen.