Lula fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de hallarlo culpable por recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS. La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.

Sobre el exmandatario ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.

Por esta nueva causa, Lula y su hermano son acusados de un delito de “corrupción pasiva continuada”, según consta en la denuncia, en la que también fueron incluidos, el patriarca de Odebrecht, Emilio Odebrecht, y su hijo Marcelo Odebrecht, este último condenado ya por otros asuntos de corrupción.

Según la Fiscalía, Frei Chico, sindicalista con carrera en el sector petrolero, recibió entre 2003 y 2015 un total de 1,13 millones de reales (unos 275.000 dólares) en parcelas mensuales que oscilaban entre los 700 y los 1.200 dólares al cambio actual.

Esos pagos formaban parte de un “paquete” de “ventajas indebidas” ofrecidas a Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, a cambio de favorecer al grupo Odebrecht en la obtención de contratos públicos, de acuerdo con la Fiscalía.

Según las autoridades, la relación entre ambos data de la década de los 90, cuando la empresa contrató a Frei Chico como consultor sindical para hacer las veces de un mediador entre Odebrecht y los trabajadores.

En 2002, con la elección de Lula como presidente de Brasil, Odebrecht rescindió el contrato con Frei Chico, aunque le siguió pagando mensualmente con el objetivo “de mantener una relación favorable a los intereses de la compañía”.

La Fiscalía constató que esos pagos ilícitos comenzaron en 2003 y solo pararon a mediados de 2015, con la detención, en medio del escándalo destapado en la estatal Petrobras, del exejecutivo de Odebrecht Alexandrino de Salles Ramos Alencar, también denunciado por la Fiscalía en este caso.

“Frei Chico recibía personalmente pagos por parte de Alexandrino, para que no hubiera riesgo de exponer a Lula, beneficiario indirecto”, sostienen los fiscales de São Paulo.