Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega (fronterizo con Honduras) y “en al menos tres casos -dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes- se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, detalló.
Bachelet se refirió a esta información en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en Nicaragua.
El documento fue hecho público el pasado viernes y Bachelet lo mencionó hoy en una sesión en la que también Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.
Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.
Con respecto a la versión escrita del informe, la alta comisionada agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.
Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.
Tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega, quien envió a Ginebra a su ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para responder a estas denuncias.
El alto funcionario empezó la defensa de su gobierno reclamando que no se mire atrás “sino la realidad actual” que, según él, es muy diferente y en la que se respetan todos los derechos fundamentales.
Jaentschke sostuvo que la recogida de datos para el informe se realizó con “criterios parcializados” y que se omiten expresamente “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado” de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.
