El tiroteo, en el que también quedó herido un uniformado, se produjo a primera hora del miércoles cuando un grupo de policías entró en el conjunto de barriadas pobres para reprimir el tráfico de drogas y fue recibido a balazos por pistoleros, según informó la dirección de la Policía Militarizada del estado de Río de Janeiro.

El Complejo do Alemao, un extenso conjunto de favelas en una región estratégica de Río de Janeiro por su proximidad al aeropuerto y a tres importantes autopistas que cruzan la ciudad, es escenario de constantes enfrentamientos armados debido a la presencia de las bandas de narcotraficantes que controlan sus accesos. Pese a que la Policía, apoyada por el Ejército, llegó a expulsar a los narcotraficantes en una ostentosa operación realizada hace casi una década, las bandas de criminales volvieron a ocupar los espacios que controlaban en las favelas.

Aunque la Policía afirmó que las cinco personas que murieron en el enfrentamiento tenían vínculos con el narcotráfico, familiares del mototaxista Wellens dos Santos, de 18 años y muerto en la operación, alegaron que el joven era un trabajador honesto y que fue alcanzado por una bala cuando transportaba a un pasajero. Dos Santos fue trasladado por familiares en una carretilla hasta un centro médico, pero no resistió a las heridas y murió antes de ser atendido. El policía que sufrió una herida de bala de gravedad, vinculado al Grupo de Intervención Táctica de la Unidad de Policía Pacificadora, fue ingresado en el Hospital Getulio Vargas.

Como consecuencia del tiroteo, al menos 14 escuelas públicas que funcionan en el Complejo do Alemao cerraron sus puertas, así como decenas de pequeños comercios, y los microbuses que ofrecen transporte público en el complejo de favelas dejaron de circular. Según una aplicación que contabiliza los tiroteos en Río de Janeiro, al menos 301 enfrentamientos armados han sido registrados en lo que va del año en el Complejo do Alemao, un número en un 237% superior al del mismo período del año pasado (127). De acuerdo con el balance divulgado por la Policía Militarizada tras la operación, en la acción fueron detenidos tres acusados de narcotráfico y decomisados un fusil, cuatro pistolas, seis granadas, 41 artefactos explosivos y chalecos antibalas. Igualmente fueron decomisadas 84 tabletas de marihuana, 860 pequeños envoltorios con cocaína y 68 piedras de crack.

En la operación fue usado un helicóptero blindado que ofreció apoyo desde el aire a los uniformados y desde el que, según denuncias de vecinos, fueron realizados disparos. Los vecinos aseguraron que el helicóptero hizo vuelos rasantes y que fue atacado a balazos por pistoleros que se escondían de la Policía. En otra operación este mismo miércoles en el vecino complejo de favelas de Maré también fue utilizado un helicóptero blindado desde el que se efectuaron disparos.

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha sido denunciado ante organismos internacionales por las organizaciones de defensa de los derechos humanos debido a que es un defensor del uso de francotiradores y de helicópteros blindados en este tipo de operaciones pese a poner en riesgo a cientos de personas inocentes. Witzel también defiende una solución policial para los problemas de violencia en las favelas de Río de Janeiro y que los uniformados no sean sancionados por las muertes que provocan. Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro, entre enero y julio de este año, es decir desde que Witzel asumió su mandato, 1.075 personas murieron en operaciones policiales en esta ciudad brasileña, un número en un 20% superior al del mismo período del año pasado.

De acuerdo con los datos divulgados la semana pasada por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, pese a que las muertes violentas en general se redujeron en Brasil un 10% el año pasado, el número de civiles muertos por policías subió desde 5.179 en 2017 hasta el récord de 6.220 el año pasado.

Río de Janeiro registró casi una cuarta parte de todas las muertes causadas por la Policía el año pasado, con 1.534 casos, debido a que, por el crecimiento de la violencia en el estado más emblemático de Brasil, el Gobierno decretó una intervención en la seguridad pública de la región que permitió que los militares participaran en operaciones de combate al crimen.