La oficina de prensa del Vaticano se limitó a anunciar la víspera la incautación de una serie de “documentos y dispositivos electrónicos” de las oficinas de la Secretaría de Estado y de la autoridad encargada de la información financiera.
Según informaciones de la publicación italiana, tradicionalmente bien informada sobre asuntos vaticanos, una circular de la gendarmería vaticana indica con fotos, nombres y cargos a las cinco personas que fueron “suspendidas por precaución” de sus funciones.
La información fue enviada a todos los empleados y a todos los guardias suizos que vigilan las entradas a la Ciudad del Vaticano.
La nota establece que las cinco personas solo podrán acceder a los servicios médicos y que una de ellas, el obispo Mauro Carlino, puede seguir viviendo en la misma residencia que el papa Francisco.
Las transacciones irregulares están relacionadas con compras de inmuebles millonarios realizadas en el exterior, en particular en Londres, con la participación de empresas británicas.
En la lista de suspendidos, monseñor Mauro Carlino es dirigente de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, el órgano rector de la Santa Sede, a cargo del cardenal italiano Pietro Parolin, número dos del Vaticano.
También fue suspendido a pedido de las autoridades judiciales de la Santa Sede Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera (AIF) , la entidad independiente creada por Benedicto XVI para luchar contra el lavado de dinero tras los escándalos protagonizados por el IOR, el banco del Vaticano.
Los otros dirigentes son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi y una funcionaria de la administración, Caterina Sansone.
El periódico también afirma que los investigadores están analizando los movimientos financieros de las cuentas con las se manejan las donaciones de los fieles a la iglesia.
Según L’Espresso, el papa fue informado en junio pasado por los directivos del banco del Vaticano y por el revisor general de los crímenes financieros y ordenó una investigación rigurosa.
Las denuncias se refieren a años recientes y podrían involucrar a otros importantes obispos e inclusive hasta cardenales.
Las suspensiones fueron ordenadas por el procurador del Vaticano, Gian Piero Milan y su adjunto Alessandro Diddi.