Este conflicto comercial, en el que están en juego miles de millones de euros y de dólares, es el más largo y el más complejo de la historia de la OMC.
En 1992, después de años de ataques comerciales por la dura competencia entre ambos, los estadounidenses y los europeos firmaron una tregua que prohibió cualquier tipo de apoyo público a la producción de aviones civiles de más de 100 plazas pero autorizaba ayudas para la investigación.
En el marco de un sistema europeo para apoyar a Airbus, el acuerdo permitía otorgarle al grupo préstamos limitados al 33% de los costes de desarrollo global de cada programa.
En el caso de Boeing, las ayudas a la investigación, financiadas por agencias del gobierno estadounidense como la NASA o el departamento de Defensa, estaban limitadas, según el acuerdo, al 3% de la facturación anual del sector aeronáutico de Estados Unidos.
Pero en 2004, un año después de que Airbus superará a su competidor en el mercado de la aviación civil (en número de entregas de aviones), el gobierno del presidente George W. Bush decidió retirarse del acuerdo.
El 6 de octubre de 2004 Estados Unidos interpuso una demanda ante la OMC contra las subvenciones de los gobiernos europeos a Airbus, ilegales según Washington.
Bruselas reaccionó el mismo día con otra demanda en la OMC contra las ayudas estadounidenses a Boeing.
En 2005, el órgano de resolución de diferendos de la OMC empezó a examinar las dos denuncias tras el fracaso de la negociación entre las partes.
Vista la complejidad del caso, no fue hasta 2010 que la OMC transmitió su decisión sobre la denuncia de Boeing contra Airbus, condenando a la UE por algunas de sus ayudas, consideradas como “subvenciones a la exportación” .
Una años después la OMC publico su informe sobre las ayudas a Boeing. Los jueces estimaron también que algunas ayudas eran subvenciones, contrarias a las reglas del comercio mundial.
Desde entonces ambas partes siguen enfrentadas en la OMC con argumentos técnicos y jurídicos muy complejos, en el marco de juicios en apelación y de los llamados “procesos de puesta en conformidad” .
Durante estos procesos, la OMC verifica que Estados Unidos y Europa aplican realmente las decisiones de la organización.