“La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país”, expresaron los fiscales en un comunicado.

Afirmaron que la existencia de cuatro instancias judiciales “asociadas a un número excesivo de recursos” tiene como consecuencia “la demora y la prescripción, acarreando impunidad”.

El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas cuatro decenas de condenados por Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción centrada en la petrolera estatal Petrobras.

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Los fiscales de la operación, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de primer plano implicados en la trama, reconocen que la decisión “impactará a los resultados de su trabajo”, aunque aseguran que seguirán “buscando justicia en los casos en los que actúa”.