Sólo esta mañana la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra fue informada de la muerte de cinco manifestantes asesinados anoche frente al edificio de la Gobernación de Basora. Además de los muertos, se han contabilizado al menos 8.000 heridos, incluidos agentes de seguridad y militares, entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre.

“El número exacto de víctimas puede ser mucho mayor. La mayoría de ellas han sido impactadas por munición real disparada por las fuerzas de seguridad y elementos armados, que muchos han descrito como milicias privadas”, señaló el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Rupert Colville.

Otros han sufrido el “uso innecesario, desproporcionado e impropio de armas menos letales, como gases lacrimógenos”, agregó.

El organismo de la ONU también está haciendo el seguimiento de múltiples denuncias sobre el arresto no sólo de manifestantes y activistas, sino también de comentaristas en redes sociales y blogueros, aunque dijo que se está enfrentando a una “falta de transparencia” que le dificulta avanzar en estas investigaciones. Además de esos arrestos, han surgido reportes que revelan casos de secuestros de manifestantes y de voluntarios que acuden a las protestas para prestarles asistencia.

“Todas estas denuncias deben ser investigadas rápidamente, hay que clarificar el paradero de los desaparecidos y saber quiénes son los responsables”, declaró Colville.

Las protestas se han extendido a diferentes ciudades de Irak pese a la represión y a la amenaza que ha emanado de un alto tribunal y que ha advertido que se aplicará la Ley Antiterrorista a todos aquellos que hagan uso de la violencia, que saboteen la propiedad pública o que ataquen con armas de fuego a los agentes de seguridad. A ellos se les podrá aplicar la pena de muerte, lo que se teme pueda ser utilizado para intensificar la represión de personas que en realidad no sean responsables de ninguno de esos actos.