“Vamos a tomar las decisiones correctas. Vamos a mandar un mensaje alto y claro al país” , señaló Cortizo horas antes de nombrar a tres magistrados principales, de los nueve que componen la Corte Suprema, y seis suplentes.

Los nombramientos, que deben ser posteriormente ratificados por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, llegan en momentos en que el Poder Judicial panameño goza de muy poca credibilidad. En los últimos cuatro años se han abierto cerca de 30 casos por corrupción en el país, pero las condenas contra altos funcionarios brillan por su ausencia.

Un reporte del Departamento de Estado estadounidense señaló este año que “la corrupción es rampante” en Panamá, que ocupa además la posición 93 (de 180 países) en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.

Sonados escándalos han quedado en aparente impunidad, como los llamados Papeles de Panamá, una filtración que reveló la creación desde un bufete panameño de sociedades opacas para evadir impuestos en todo el mundo, en un caso que fue llevó a la producción del filme “Laundromat” (La Lavandería), de Netflix. Tampoco hubo juicios por el pago de millonarios sobornos a funcionarios para la adquisición de contratos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht, pese a que la propia compañía, presente en Panamá desde 2006, ha reconocido dichas comisiones.

Barril de pólvora

La imagen de la justicia panameña también recibió un duro golpe tras la absolución este año del expresidente, Ricardo Martinelli, enjuiciado por espionaje y malversación de fondos públicos durante su mandato (2009-2014) . Otros presuntos actos de corrupción siguen sin ser juzgados, se han caído por anulación de pruebas, defectos de forma o han sido sobreseídos.

“Aquí o damos una vuelta de timón o estamos caminando cada vez más hacia la justicia fallida. Se da la tormenta perfecta para que el presidente Cortizo deje un legado”, dijo a la AFP Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Panamá está ante un “momento histórico” con la elección de los nuevos magistrados porque el país está sentado “en un barril de pólvora”, pues “la rabia e indignación que genera la impunidad es una combinación muy peligrosa”, advirtió.

La sensación de hastío se multiplicó este mes cuando debió renunciar la fiscal jefe, Kenia Porcell, tras la publicación de supuestas conversaciones con el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) , en las que ventilaban detalles sobre casos judiciales. Esas presuntas conversaciones han sido consideradas como presiones del exmandatario a la fiscalía para orientar las investigaciones sobre casos de corrupción contra su antecesor y enemigo político Martinelli o para no ser investigado por la trama Odebrecht.

“Urgente”

Los expertos consideran que no hay separación de poderes en Panamá, un país muy presidencialista donde no hay carrera judicial y muchos jueces son interinos, lo que limita su independencia respecto de los magistrados de la Corte que los han nombrado. Tampoco existe un tribunal independiente que vigile sus actuaciones.

Varios analistas consideran que Cortizo, que ha propuesto también reformas a la Constitución para la lucha contra la corrupción y la impunidad, aún tiene caudal político suficiente para tratar de transformar el sistema de justicia, tras asumir el cargo el 1 de julio.

Pese a que “la justicia panameña viene en declive desde hace más de dos lustros”, la “globalización” de los escándalos de corrupción y la lucha internacional para combatirlos han aumentado los reclamos por un mayor “compromiso contra la impunidad” , afirmó a la AFP el presidente de la Alianza Ciudadana Pro-Justicia, Carlos Lee. “Es urgente que todas las acciones del Gobierno vayan encaminadas a lograr la confianza en un Órgano Judicial independiente y despolitizado”, añadió.