Un gran número de manifestantes está rodeando la sede de la Comandancia de la Policía de Di Qar, ubicada en Nasiriya, mientras las fuerzas de seguridad disparan al aire con munición real para dispersar a los manifestantes, informó a Efe una fuente del Ministerio de Interior iraquí que pidió el anonimato.
Según la fuente, no se han registrado heridos, mientras los líderes tribales provinciales y las autoridades locales intentan persuadir a los manifestantes para que se retiren de las inmediaciones del edificio de la Policía provincial, que ha sido el epicentro de las protestas en la ciudad en los últimos días.
A pesar de que las autoridades de Di Qar decretaran esta madrugada tres días de duelo en toda la provincia tras los feroces enfrentamientos de las dos últimas jornadas que se saldaron con al menos 46 muertos en Nasiriya, los manifestantes han tomado el control de los principales puentes que unen la ciudad a través del Éufrates desde esta mañana.
Después de que el pasado miércoles los manifestantes irrumpieran en el consulado iraní de Nayaf, también en el sur de Irak de mayoría chií, hubo una escalada de violencia que fue condenada por las principales autoridades de esa rama del islam y líderes políticos y desembocó en la renuncia del primer ministro.
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Abdelmahdi anunció el viernes su renuncia al frente del Ejecutivo y esta mañana el Consejo de Ministros aprobó la decisión durante una reunión extraordinaria, en la que se habló de formalizar este domingo la dimisión del primer ministro en una “sesión especial” en el Parlamento iraquí.
También se aprobó la dimisión del director de la oficina de Abdelmahdi, así como la del secretario general del Consejo de Ministros, según un comunicado.
Por su parte, el Consejo Supremo de Justicia aseguró que se castigará "severamente los agresores de ciudadanos y manifestantes pacíficos, durante las protestas, que desde su inicio el pasado 1 de octubre se saldan ya con unos 400 muertos.
La pública e independiente Comisión de Derechos Humanos iraquí anunció también hoy que está reuniendo y documentando todas las evidencias que demuestran la implicación de los que han cometido graves violaciones de derechos humanos y libertades para presentar las quejas a la Fiscalía General.
Los manifestantes piden un cambio completo de Gobierno al considerarlo corrupto y responsable de la mala gestión de los recursos y problemas económicos del país, sobre todo en el sur rico en petróleo donde la población no se beneficia del oro negro.