“El Tesoro designó a siete funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que -a instancias de Maduro- intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Parra juró el 5 de enero como jefe del Parlamento con el apoyo de los chavistas, una acción que el grueso de la oposición venezolana denunció como un “golpe de Estado”, en un contexto en que más de 50 países liderados por Estados Unidos no reconocen al presidente venezolano Nicolás Maduro y consideran a Guaidó como mandatario interino.

La elección de Guaidó se produjo en un contexto de caos, después de que agentes del Estado le impidieran entrar al recinto y los diputados de la oposición tuvieron que votar fuera del edificio.

Entonces Parra -un legislador opositor que rompió con Guaidó hace un mes tras ser acusado de corrupción- se autoproclamó como jefe del Parlamento, en una sesión sin quorum, en la que fue apoyado por el partido de Maduro.

Parra fue acusado por el Tesoro de seguir intentando “obstruir” el funcionamiento del Parlamento.

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En Venezuela, el Parlamento es el único poder en manos de la oposición, pero sus filan han sufrido divisiones y, además, una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas.

Guaidó y Estados Unidos afirman que el gobierno de Maduro ofreció sobornos a miembros de la Asamblea Nacional, con el objetivo de derrotar al líder opositor.

Los otros diputados sancionados son Franklyn Duarte y José Noriega, designados en la votación en la que Parra se autoproclamó como primer y segundo vicepresidente del Parlamento, y José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Negal Morales.

Parra y Brito están acusados de cabildear ante autoridades de Colombia y Estados Unidos a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano para librarlo de responsabilidades en casos de presuntos sobrecostos en la importación de alimentos para el gobierno de Maduro.

Tras las denuncias, ambos rompieron con Guaidó pero aseguran que siguen estando contra Maduro.

“Comprados”

Las sanciones impiden el acceso de los designados al sistema financiero estadounidense y determinan la congelación de sus activos en este circuito financiero, además de prohibir las transacciones con ciudadanos estadounidenses.

Julio Borges, comisionado para Relaciones Exteriores de Guaidó, celebró las sanciones, afirmando que todos los designados fueron “comprados con el dinero de la corrupción de la dictadura”.

“Quien traicione a Venezuela y se preste para las maniobras de la dictadura, recibirá el castigo de la comunidad internacional”, agregó Borges.

Guaidó encabeza la pugna por el poder contra Maduro, a quien la mayoría opositora legislativa declaró “usurpador” acusándole de reelegirse fraudulentamente.

Para Guaidó era importante salir reelegido presidente del Parlamento, ya que desde ese cargo se proclamó presidente interino.

A pesar de la presión internacional y de una crisis que ha dejado una economía en ruinas, por la que 4,6 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años, Maduro sigue en el poder con el apoyo del Ejército, así como de Rusia, China y Cuba.