Al informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en el país sudamericano, Bachelet advirtió que continúan “los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición”. La oficina del Alto Comisionado, que cuenta con representantes en Venezuela, documentó “agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran”.
“Hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, oenegés, y oficinas de medios de comunicación” , y desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad “han dificultado” el acceso a la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición, continuó.
“Mi oficina sigue recibiendo testimonios de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar en Caracas”, agregó. Bachelet denunció además que continúa la “detención arbitraria de líderes sindicales”, y manifestó su preocupación por el proyecto de ley que pretende sancionar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que reciben fondos del extranjero.
Mientras tanto, el número de venezolanos que huye del país no cesa de crecer. “Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país”, indicó. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos y una gran parte de la comunidad internacional, tras la reelección de Nicolás Maduro en 2018 en unos comicios denunciados por irregularidades.
Venezuela es objeto de sanciones económicas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que busca presionar a Maduro. Estas sanciones incluyen un embargo sobre el petróleo, principal recurso del país. Bachelet criticó una vez más esas medidas: “Preocupan la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera”.
Estas sancione afectan “disminuyendo los recursos del gobierno destinados al gasto social”, en momentos en que “2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa”, según la ONU. “A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del control estricto del sector financiero”, concluyó.