El presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, avaló días atrás el beneficio para los reclusos en grupos de riesgo porque “la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio puede darse con mucha facilidad” y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas” para estos casos.

Hasta el momento, se estima que en todo el país cerca de 1.300 presos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario por la pandemia de covid-19, en el marco de un sistema carcelario con superpoblación y en el que gran parte de los reclusos debe pagar sus condenas en condiciones de hacinamiento.

Pero la prisión domiciliaria de los reclusos, que protagonizaron ya en los últimos días varios motines violentos en las cárceles en reclamo de este beneficio, medidas sanitarias y otras demandas, divide al oficialismo y levanta críticas de la oposición, al tiempo que familiares de víctimas y diversos colectivos reclaman a la Justicia que protega a la sociedad.

Arresto domiciliario

La mayoría de los reclusos que recibió el arresto domiciliario reside en la provincia de Buenos Aires, donde el juez de Casación Penal Víctor Violini dictó un amparo colectivo que benefició a cientos de personas en privación de la libertad.

Ante las fuertes críticas que recibió por su resolución, Violini aclaró a través de la red social Twitter que el habeas corpus colectivo que dictó “ no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia.

Sin embargo, este magistrado otorgó prisión domiciliaria a un hombre de 68 años acusado de abuso sexual de una niña, según fuentes judiciales.