De esta forma, el Consejo de Estado respondió de afirmativamente a la petición formulada por varias asociaciones y personas individuales en contra de la decisión del primer ministro, Édouard Philippe, de mantener el cierre de esos lugares durante la desescalada que comenzó hace una semana en el país.

Entonces, el jefe del Gobierno señaló que solo se permitirían los funerales, que quedan limitados a 20 personas.

El Consejo de Estado considera que son posibles otras medidas de control menos estrictas, como las dictadas para otros lugares, donde están permitidas las reuniones de hasta 10 personas.

La instancia da al Gobierno ocho días para modificar esa medida, que considera “desproporcionada para lograr el objetivo de preservar la salud pública y que constituye” un atentado contra la libertad de cultos en el país.