“El pedido de aprehensión del teléfono celular del Presidente es inconcebible” y, si ocurriera, sería “una afronta a la autoridad máxima” y “una interferencia inadmisible”, que hasta “pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”, dice una nota emitida por Heleno, general de la reserva del Ejército.

El ministro reaccionó así a una determinación del magistrado Celso de Mello, decano del Supremo de Brasil, quien pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de incautar el teléfono móvil de Bolsonaro, investigado por supuestas presiones ilegales contra la Policía Federal.

La decisión sobre esa posible incautación, que también afectaría a uno de los hijos del mandatario, el concejal Carlos Bolsonaro, será tomada por el fiscal general, Augusto Aras, responsable de una investigación supervisada por Celso de Mello, instructor del caso designado por la Corte Suprema.

El magistrado, en una nota dirigida a la Fiscalía, explicó que los pedidos de incautación de los teléfonos móviles de Bolsonaro y su hijo fueron presentados por algunos parlamentarios sobre la base de noticias publicadas en la prensa local.

“La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una ‘notitia criminis’”, señaló el juez en esa nota, con lo que sugirió que está inclinado a la aprehensión de los teléfonos, aunque la decisión será tomada finalmente por la Fiscalía General.

La investigación intenta determinar si Bolsonaro presionó o intentó interferir en las acciones de la Policía Federal, órgano autónomo que depende del Ministerio de Justicia, cuyo extitular, el antiguo juez Sergio Moro, renunció el mes pasado y denunció esas supuestas “injerencias políticas” del gobernante.

Según Moro, quien obtuvo reconocimiento como juez de la operación anticorrupción Lava Jato, esas presiones fueron “explícitas” en una reunión que Bolsonaro celebró con parte de sus ministros el pasado 22 de abril, días antes de su renuncia al Gobierno.

Esa reunión fue grababa en un vídeo que el magistrado Celso de Mello ordenó que fuera entregado por la Presidencia a la Justicia.

Ese vídeo, según han dicho fuentes de la investigación citadas por medios locales, contendría algunos comentarios del gobernante que, efectivamente, pudieran incriminarlo.

Bolsonaro, por el contrario, sostiene que en esa grabación no hay nada que lo comprometa y admite que, aunque se refirió a asuntos de seguridad relativos a su familia, en ningún momento hizo alusión a la Policía Federal.

Una de las sospechas que recae sobre el mandatario es que habría presionado a Moro a sustituir a la cúpula de la Policía Federal y a los responsables de ese organismo en Río de Janeiro, porque estarían investigando irregularidades que pueden salpicar a sus hijos Carlos, el concejal, y Flavio, que ocupa un escaño en el Senado.

De hecho, esos cambios que exigía Bolsonaro en la dirección de la Policía Federal ocurrieron inmediatamente después de la renuncia de Moro.

El video de la reunión ministerial requerido por Moro y entregado por la Presidencia está en manos de Celso de Mello, que analiza la posibilidad de divulgar su contenido, total o parcialmente.