Pasaron más de seis meses, una elección general, intercambios de cohetes, una pandemia y, finalmente, tras un sin fin de idas y vueltas sobre cuándo, quiénes y cómo, el juicio contra Netanyahu dará comienzo mañana en los tribunales de Jerusalén.

El mandatario llega envalentonado tras la reciente formación de un Ejecutivo, cuarto consecutivo bajo su liderazgo, previa autorización del Tribunal Supremo, que optó por no impedirle ejercer su cargo a pesar de estar acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos distintos de corrupción.

Desde antes incluso de que se formalizara la acusación en su contra, Netanyahu ha liderado, desde su Gobierno, una campaña de desprestigio de la Justicia, denunciando una persecución política en su contra e incluso catalogándola como una “intentona golpista”.

Estos ataques pusieron en la mira tanto a las instituciones en su conjunto como a individuos específicos, como el jefe de la Policía o el fiscal general del Estado, que recientemente denunció amenazas anónimas contra él y sus hijos.

“Netanyahu ha convertido esto en un voto de confianza en la Justicia”, explica a Efe Yehuda Shaffer, ex vicefiscal del Estado para crímenes financieros, que agrega: “Por eso lo que está en juego, además de su libertad, es el estado de derecho y la confianza de la población en el poder judicial”.

Para el profesor de derecho Yuval Shany, que describe los ataques del jefe de Gobierno contra la Justicia como una “guerra total”, “el hecho de que el líder del Ejecutivo esté comandando una cruzada contra la Justicia es muy serio y puede llevar, tarde o temprano, a una fuerte erosión de la confianza del público no solo en la ley sino en el Gobierno”.

Debido a esto, considera que hay una “incompatibilidad básica entre el estatus de Netanyahu como primer ministro, responsable de incontables decisiones sobre la vida pública israelí, y su estatus como el acusado de un crimen que lucha agresivamente para debilitar a las instituciones que lo acusan”.

¿DE QUÉ SE ACUSA A NETANYAHU?

Los casos en contra del líder del Likud son tres y son popularmente conocidos como casos 1000, 2000 y 4000.En el primero es sospechoso de aceptar caros regalos de dos millonarios para él y su familia, por valor de hasta un millón de shéqueles (unos 260.000 euros) a cambio de favores.

El segundo examina un intento de pacto con el editor de un popular diario local, el Yediot Aharonot, para lograr una cobertura más positiva sobre él a cambio de dañar la distribución del diario rival, el gratuito y oficialista Israel Hayom.

En el caso 4000 o caso Bezeq, el más grave de todos, se le imputa haber hecho favores al gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable sobre él y su familia en el popular digital de noticias Walla, ambos controlados por el mismo empresario, Shaul Elovitch.

Shaffer, con amplia experiencia en casos de esta naturaleza, considera que “el caso contra Netanyahu es muy sólido, con muchas evidencias y muchos testigos” y que, “aunque todo está abierto, si tuviera que predecir diría que se le va a condenar en la mayoría de los cargos”.

Con respecto a la duración del juicio, cree que, mientras que la Fiscalía intentará acelerar el proceso todo lo posible, la decisión del primer ministro de intentar prolongar la vista es una cuestión de estrategia.

“Por un lado, estirar el juicio le puede servir, pero, por otro, escuchar a todos los testigos es exponer al público israelí a relatos sobre su corrupción, datos de los regalos que recibió y otros detalles que pueden dañar mucho su imagen”.

Mientras que las habilidades políticas y manejo de la opinión pública de Netanyahu han quedado más que probadas en múltiples ocasiones, esta vez su rival no es un parlamentario inexperto o un medio de comunicación de poca tirada, sino un sistema judicial decidido a demostrar su determinación, no dejarse amedrentar y proteger su reputación de imparcial e independiente.