"Hemos introducido en la Sala Constitucional (del TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo" para "determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista", indicó el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Saab, de línea chavista, acusó a Voluntad Popular y a Guaidó -jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos- de promover acciones desestabilizadoras "en plena pandemia" del COVID-19.
Se refirió así a "una incursión naval" el pasado 3 de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses imputados por "terrorismo".
Voluntad Popular rechazó "categóricamente las acusaciones" en un comunicado, mientras Guaidó contragolpeó al acusar en Twitter al gobierno de Nicolás Maduro de amparar a "grupos irregulares" como la guerrilla colombiana del ELN y proteger al exjefe de las disueltas FARC Jesús Santrich, después de que uno de los asesores del dirigente opositor denunciara que supuestamente está en una barriada popular de Caracas.
"Mientras el pueblo venezolano protesta en las calles por la falta de agua, de luz, de gasolina, de gas (...), Maduro y su dictadura hambreadora, corrupta e ineficiente persigue a nuestro partido", reaccionó en Twitter el fundador de la organización y mentor de Guaidó, Leopoldo López, quien escapó de su arresto domiciliario el 30 de abril de 2019 y está refugiado en la residencia del embajador de España.
Otros partidos como Acción Democrática, uno de los más antiguos del país, sostienen que la petición de Fiscalía busca "justificar" la persecución de opositores.
La legislación venezolana contempla penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo.
Los artículos referidos por el fiscal establecen responsabilidades por "financiamiento" de actividades terroristas.
Saab acusó a Voluntad Popular, organización política de centroderecha inscrita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2011, de apropiarse de cuentas y bienes bloqueados por sanciones de Estados Unidos.
Con el “dinero robado” han “financiado una incursión mercenaria”, añadió el fiscal sobre la incursión armada por la que Caracas también responsabiliza a Estados Unidos y Colombia.