“Al tiempo en que informa que las diligencias necesarias serán evaluadas”, la Fiscalía General “se manifiesta por la negativa” del pedido de aprehensión del teléfono del mandatario, indica una nota enviada al Supremo por el titular de ese despacho, Augusto Aras.

El pedido para que fuera analizada la posibilidad de incautar el teléfono de Bolsonaro fue trasladado por el juez Celso de Mello, decano del Supremo de Brasil y quien supervisa la investigación.

Mello sólo trasladó una petición presentada por parlamentarios de oposición, pero la decisión final le cabe legalmente a la Fiscalía, que con esa respuesta dio por cerrado el asunto.

La investigación intenta establecer si Bolsonaro presionó o intentó interferir en las acciones de la Policía Federal, órgano autónomo que depende del Ministerio de Justicia, cuyo extitular, Sergio Moro, renunció el mes pasado y denunció unas supuestas "injerencias políticas" del gobernante.

Según Moro, quien obtuvo reconocimiento como juez de la operación anticorrupción Lava Jato, esas presiones fueron "explícitas" en una reunión que Bolsonaro celebró con sus ministros el pasado 22 de abril, días antes de su renuncia al Gobierno.

El vídeo de esa reunión fue entregado por la Presidencia a la Corte Suprema, que decidió hacerlo público.

En las imágenes, aparece Bolsonaro exaltado y quejándose de que no recibe información suficiente de la Policía Federal, afirma que intentó cambiar la dirección de ese organismo y que no lo consiguió, y avisa que lo hará aún en contra de la opinión del todavía ministro Moro, lo cual todavía es analizado en el marco de la investigación.

El pedido de aprehensión del teléfono de Bolsonaro generó una dura reacción del Gobierno, oficializada en una nota difundida por el ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.

En el comunicado Heleno consideró "inconcebible" la sola posibilidad de que ello ocurriera y alertó de que pudiera ser una "interferencia indebida" en la privacidad del gobernante.

"El pedido de aprehensión del teléfono celular del Presidente es inconcebible" y, si ocurriera, sería "una afronta a la autoridad máxima" y "una interferencia inadmisible", que hasta "pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional", dijo en la nota el ministro Heleno, general de la reserva del Ejército.

La investigación a Bolsonaro ha sido una vuelta de tuerca más en un duro pulso que el gobernante mantiene con la Corte Suprema, que ha anulado o moderado varias iniciativas del Gobierno del líder de la ultraderecha, entre ellas una que apuntaba a liberar totalmente la venta de armas a civiles.

Este miércoles, otro magistrado del Supremo ordenó allanamientos y una serie de pesquisas en el marco de una investigación sobre unas presuntas "milicias digitales" vinculadas al bolsonarismo y que serían responsables por la difusión de noticias falsas en internet y de promover manifestaciones contra ese tribunal y el Parlamento.

Bolsonaro también reaccionó en forma dura a esa operación, que fue realizada por la Policía Federal por órdenes del Supremo.

"Ver ciudadanos de bien tener sus hogares invadidos, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, es una señal de que algo muy grave está sucediendo con nuestra democracia", escribió en sus redes sociales.

Este jueves, incidió en ese asunto y apuntó también a la Policía Federal, para afirmar que si bien no pretende “interferir” en ese organismo, “órdenes absurdas no se cumplen”.