El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, coincidieron en una conversación telefónica “en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político”, según un comunicado conjunto.
En consecuencia, “el Gobierno venezolano decidió dejar sin efecto la decisión tomada el pasado 29 de junio de 2020, mediante la cual se declaró persona non grata a la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, jefa de la Delegación de la Unión Europea en Caracas”.
Además, “ambos acordaron promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel, en el marco de una cooperación sincera y del respeto al Derecho Internacional”.
El Gobierno de Venezuela decretó esta semana la expulsión en 72 horas de la embajadora de la UE en Caracas, como respuesta a las sanciones impuestas el 30 de junio por la UE contra once funcionarios venezolanos por su papel en lo que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país.
El jefe de la diplomacia comunitaria dijo hace unos días que no creía que aislar internacionalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera una solución a la crisis en el país y lamentó la expulsión decretada de la embajadora de la UE.
También señaló que la Unión y sus Estados miembros estaban considerando “medidas apropiadas en respuesta a los acontecimientos”, aunque no definió cuáles podían ser.
La UE considera a las once personas agregadas a la lista de sanciones responsables, en particular, de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, retirando la inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros, entre ellos a su presidente, Juan Guaidó.
Otras acciones que se les achacan incluyen el inicio de procesos por motivos políticos y crear obstáculos a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como las de prensa y expresión.
Actualmente son 36 las personas sujetas a sanciones, entre las que se incluyen la prohibición de viajar a la UE y una congelación de activos.