“En España se practica el espionaje político contra adversarios políticos”, afirmó Torrent durante la lectura de una declaración oficial, en la que anunció acciones legales y exigió al Gobierno español que “se investigue y se depuren responsabilidades”.

El presidente del Parlamento catalán hizo esta declaración después de que diversos medios publicaran la noticia del espionaje a su teléfono celular. La información parte de un trabajo de investigación del diario español El País y del británico The Guardian, según el cual el celular de Torrent fue atacado en 2019 con Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

Tras conocer esas informaciones, Torrent consideró que se trata de un asunto “muy grave” y afirmó “es la primera vez que se acredita de forma concluyente lo que ya sabíamos”. El político catalán consideró que su caso sirve para confirmar lo que “diversos organismos internacionales ya han denunciado, y es que algunos estados están utilizando este ‘software’ para la persecución de la disidencia política”, y precisó que otros políticos independentistas catalanes también fueron espiados.

El presidente del Parlamento catalán señaló que, aunque ya se sospechaba que había “guerra sucia” contra el independentismo catalán, “es la primera vez que se acredita con pruebas fehacientes”. Tras conocerse esta noticia, los dos partidos independentistas que forman el Gobierno catalán (ERC y JxCat) pidieron que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de explicaciones tanto en el Congreso como en el Senado.

En Cataluña se vive en los últimos años una fuerte tensión política entre los partidos independentistas, y el Estados español, que llegó al culmen en 2017, cuando se celebró un referéndum inconstitucional sobre la secesión y días después el Parlamento catalán aprobó una declaración unilateral de independencia.

Todo este proceso llevó a la detención y posterior juicio de nueve líderes políticos y sociales, entre ellos el vicepresidente del Gobierno catalán y la presidenta del Parlamento regional de entonces, que fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años por sedición por el Tribunal Supremo español.