La medida, de efecto inmediato, determina la separación del cargo de Witzel por al menos seis meses, en espera de que se aclare su situación judicial.
Los abogados de Witzel se dijeron “sorprendidos” por la orden emitida de forma “unilateral” por un juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y anunciaron que responderán adoptando “todas las medidas pertinentes”.
Desde primeras horas del día, una operación policial de gran envergadura se desplegó en el Palacio de Laranjeiras, sede del gobierno de Rio, con dos helicópteros que sobrevolaban el lugar, informó un periodista de la AFP.
El STJ ordenó igualmente decenas de allanamientos, algunos con órdenes de detención, como en el caso del Pastor Everaldo, un líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece Witzel.
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Según la Fiscalía, Witzel creó desde su llegada al cargo en enero de 2019 una caja paralela para recibir sobornos de empresas en la atribución de licitaciones. Entre los casos investigados figura el de la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por la covid-19.
La policía ya había allanado el Palacio de Laranjeiras el 26 de mayo por sospechas de fraudes en la lucha contra el nuevo coronavirus y dos semanas después la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro (Alerj) le abrió un procedimiento de destitución.
Witzel, de 52 años, fue un aliado de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, pero luego se convirtió en uno de sus más frontales opositores, debido a las medidas de aislamiento adoptadas para contener el avance de la pandemia que el presidente de ultraderecha critica por su impacto en la economía.
Con Witzel, cinco de los seis gobernadores de Rio de Janeiro en funciones desde 1998 han tenido problemas con la justicia, y cuatro de ellos fueron presos en algún momento.
Anthony Garotinho (1999-2002) y su esposa Rosinha Matheus (2003-2007) pasaron por prisión por delitos electorales, que ellos niegan.
Sergio Cabral (2007-2014) está preso desde 2016, acusado de recibir sobornos a cambio de obras públicas, incluyendo las de remodelación del estadio Maracaná para el Mundial 2014.
Su sucesor, Luiz Fernando Pezao, fue detenido en noviembre de 2018, acusado de recibir millonarios sobornos ligados al esquema de corrupción Lava Jato.