GINEBRA (EFE, AFP). Los detalles se exponen en un informe de 411 páginas que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23.

Según la investigación, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2014 han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas a tres grupos en particular: manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.

El patrón que han seguido las violaciones de derechos humanos corresponden a crímenes contra la humanidad, afirma el informe presentado por la Misión Internacional de Investigación a la que la ONU encargó investigar lo ocurrido en este país.

Los crímenes identificados “fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad”, según han concluido los investigadores que integran la Misión de carácter independiente.

La Misión detalla 223 casos específicos que pudo investigar y documentar en detalle.

La Misión concluye que estos crímenes, “lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales”.

Todo ello sucedió con el conocimiento o apoyo directo de comandos o de funcionarios de alta jerarquía, sostiene la Misión.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió –compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo– revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos “cometidos por las fuerzas de seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales”.

Por su parte, el comisionado Francisco Cox Vial precisó en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra que la Misión recibió información de diversas fuentes que daban cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas solo en los últimos seis años.

Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES, verdaderos escuadrones de la muerte del régimen), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN, la temible policía secreta), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, pidió que el Estado venezolano investigue estas violaciones, procese a los responsables, los sancione y haga justicia a las víctimas.

En caso de que eso no ocurra, pidió que la comunidad internacional estudie iniciar acciones legales contra los responsables identificados en el informe.