Los siete jueces del Tribunal Regional Electoral (TRE) decidieron unánimemente que Crivella no puede ser candidato hasta 2026. Por su parte, la defensa del alcalde afirmó que apelará la decisión ante instancias superiores y que sí participará de los comicios previstos en noviembre.

El TRE tomó su decisión por entender que Crivella utilizó personal y recursos municipales para pedir votos para su hijo, candidato a diputado federal en 2018.

En el evento en que promovió su candidatura fueron utilizados vehículos y funcionarios de la Comlurb, empresa pública de limpieza urbana, según el tribunal.

Los abogados de Crivella niegan cualquier irregularidad y denuncian vicios en el proceso. Expastor de la poderosa Iglesia Universal del Reino de Dios (neo pentecostal), Crivella, de 62 años, fue elegido a fines de 2016.

A lo largo de su mandato enfrentó tres pedidos de destitución por diversos asuntos, pero todos fueron rechazados por la Cámara Municipal de concejales.

El último fue motivado por un escándalo denunciado por TV Globo y apodado “Guardianes de Crivella”, un esquema mediante el cual funcionarios públicos intimidaban a los periodistas mientras hacían reportajes frente a los hospitales administrados por la alcaldía.

Los miembros de esos grupos, que coordinaban sus acciones por WhatsApp, se hacían pasar por ciudadanos comunes que la emprendían a los gritos contra los reporteros que trataban de entrevistar a familias de pacientes de Río, una de las ciudades más afectadas por la pandemia de coronavirus.

Los medios brasileños también dieron parte de una investigación de la Fiscalía sobre una presunta red de desvío de fondos públicos de la alcaldía, blanqueados a través de millonarios movimientos financieros de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

En las últimas semanas, con vistas a la campaña de las municipales, Crivella buscó el apoyo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que fue electo en 2018 con un fuerte apoyo de las iglesias neopentecostales.

Río de Janeiro, postal turística de Brasil, se vio imbuida en las últimas dos décadas en una sucesión de grandes escándalos de corrupción.

La Asamblea Legislativa del Estado de Río aprobó esta semana la apertura de un proceso de destitución del gobernador Wilson Witzel, acusado de integrar una red de desvío de fondos públicos en el área de la salud.

Witzel ya había sido suspendido de su cargo el 28 de agosto, por orden judicial.

Los cinco gobernadores que lo precedieron tuvieron problemas judiciales y cuatro de ellos están o han estado en la cárcel.