El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que el dinero sirvió a través de esas empresas para “comprar” a determinados medios de comunicación con el fin de que difundieran una imagen “favorable” al Gobierno de Morales y “persecutoria” contra rivales políticos.

Núñez explicó en una rueda de prensa en La Paz que un informe de la Unidad de Investigación Financiera del Estado boliviano detectó un “presunto ilícito” por el uso de recursos públicos transferidos a empresas privadas.

Estos recursos habían servido para la compra de acciones de tres medios de comunicación, según Núñez, aunque solo dio el nombre de la cadena de televisión ATB en Bolivia.

El ministro interino detalló que “más de 4,5 millones de dólares fueron a España, como beneficiario figura a nombre de Prisa”, en concreto a su División Internacional, mientras que más de 10 se destinaron a Estados Unidos “a nombre de Jodan S.”.

Núñez afirmó que la denuncia por su parte irá contra Juan Ramón Quintana, que durante los Gobiernos de Morales ocupó puestos como el de ministro de Presidencia, fue el “articulador de una estructura criminal de poder que permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas, para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión”.

Quintana es una de las exautoridades de la etapa de Morales sobre las que pesan distintas acusaciones en procesos penales.