El máximo tribunal rechazó los pedidos formulados por el defensor de la exmandataria (2007-2015), el abogado Carlos Beraldi, y mantuvo el embargo de 200 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) decretado anteriormente por la Cámara Federal, según el fallo firmado por los jueces de la sala III de Casación Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci.
La confirmación de este procesamiento también afecta a Julio De Vido, ministro de Planificación y Obras Públicas entre 2003 y 2015; a Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional, y a varios empresarios vinculados a la construcción, como Carlos Wagner u Osvaldo de Sousa, entre otros.
Todos ellos están acusados por presunta asociación ilícita en un total de 175 casos de cohecho pasivo, esto es, haber recibido sobornos con la intención de favorecer a empresarios en la concesión de obra pública estatal entre 2003 y 2015.
La cartelización de obra pública es uno de los casos derivados de la línea principal de la “causa de los cuadernos”, centrada en la supuesta existencia, durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), de una trama de millonarios pagos de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios, entre ellos el propio matrimonio presidencial.
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La “causa de los cuadernos”, uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años en Argentina, surgió cuando ocho cuadernos manuscritos por un chofer del extinto Ministerio de Planificación Federal de Argentina, el más relevante del kirchnerismo, salieron a la luz en una investigación del diario La Nación.
Esas libretas contenían con detalle los movimientos que ese conductor realizó durante 10 años para recolectar grandes sumas de dinero que empresas contratantes de obras públicas pagaban como sobornos a altos funcionarios del kirchnerismo, y al matrimonio Kirchner, en particular.