BOGOTÁ (AFP, EFE). El Gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz en 2016.
La decisión más importante tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde su creación en 2017 se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de 1.000 víctimas de secuestro e informes de la fiscalía.
La Jurisdicción sorprendió al país al acusar además a los líderes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
El tribunal encargado de juzgar los peores crímenes del conflicto armado, imputó a miembros del secretariado de las FARC, máximo órgano de la organización marxista. Entre ellos: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo.
Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.
Los secuestros cometidos durante décadas por las FARC fueron el punto de partida de otros crímenes de guerra y lesa humanidad.
Abusos y violaciones
Los abusos sexuales eran algo habitual en las FARC no solo con los secuestrados sino también con las propias guerrilleras, muchas de ellas niñas reclutadas a la fuerza y obligadas a convertirse en pareja de los guerrilleros.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción concluyó que lo que ha investigado en el llamado macrocaso 01, que ahora será denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, no fueron errores de los excombatientes en la guerra o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC.
Pese a que los estatutos de las FARC contenían una disposición de “buen trato” para los secuestrados, mencionado por los miembros del Secretariado en sus versiones ante la JEP, los relatos de las víctimas acreditadas, así como los informes entregados a la JEP por la sociedad civil reiteran que sufrieron malos tratos infligidos por muchos comandantes y guardias.
La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que los miembros del Secretariado tienen responsabilidad de mando por los tratos recibidos por los secuestrados y concluyó que la orden de “buen trato” se refería solo a la preservación de la vida de las personas cautivas pero no sobre su dignidad humana.
La JEP determinó además la existencia de un patrón de malos tratos en cautiverio, como encadenamientos como forma de castigo y humillación, marchas forzadas, agresiones físicas y sicológicas, vulneración de la intimidad, torturas, aislamientos, abusos sexuales, entre otros.
Muchos de los secuestrados entre 1993 y 2012, periodo priorizado por la investigación de la JEP porque fue el del auge de ese delito por parte de las FARC, no regresaron a sus hogares.
Es el caso relatado por una persona a cuyo padre se llevó la guerrilla de su finca en Granada (Meta) el 8 de septiembre de 1991 porque se negó a seguir pagando las extorsiones que cobraban en la zona, llamadas coloquialmente “vacunas”.