La disputa se remonta a los tiempos de la colonia, cuando Países Bajos entregó al Reino Unido sus derechos sobre lo que es hoy Guyana y Surinam; pero en el acuerdo no quedaban claros algunos límites fronterizos.

Por ello, los ingleses enviaron a la zona, entre 1835 y 1840, al explorador alemán Robert Schomburgk, quien comenzó a trazar líneas territoriales para definir los límites que, según Venezuela, estaban establecidos desde la creación de la Capitanía General -la primera forma de organización territorial en América- y las provincias.

Es en 1841 cuando ocurre el primer reclamo formal de Venezuela a Gran Bretaña por el territorio, tras denunciar una invasión de los colonos ingleses en sus dominios.

Para entonces, Gran Bretaña era un imperio poderoso, por lo que Caracas solicitó la ayuda de EE.UU. invocando la doctrina Monroe: “América para los americanos”. Y el conflicto desencadenó el primer arbitraje del caso.

Ese litigio se conoció como el Laudo Arbitral de París de 1899 y concluyó con una sentencia que le otorgó el territorio a Gran Bretaña. Venezuela rechazó el fallo, pero no logró en su momento impugnarlo.

Argumentos de las partes

Venezuela: A priori, apela al principio del “uti possidetis iuris”, que en derecho internacional se refiere al dominio que los Estados tienen sobre territorios que históricamente les pertenecen, y, en ese sentido, Caracas argumenta que el Esequibo es venezolano porque fue una provincia de la Capitanía General creada en 1777.

Guyana: Sostiene sus bases en una línea fronteriza trazada por el alemán Schomburgk, que establece los casi 160.000 kilómetros de la región denominada por Venezuela como zona en reclamación, y que le fue entregada a través del fallo del Laudo Arbitral de París de 1899.

Este fallo fue denunciado por Caracas 60 años más tarde ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras el supuesto hallazgo de documentos que comprometían la legitimidad del acuerdo.

Como resultado de esa denuncia, Venezuela y Gran Bretaña firmaron un convenio el 17 de febrero de 1966, conocido como el Acuerdo de Ginebra a fin de encontrar una salida negociada a la disputa territorial.

El acuerdo lo heredó Guyana al independizarse tres meses más tarde, y con él se pretendía solventar la controversia mediante negociaciones que no dieron resultados.

Tras años de mediación de la ONU sin obtener avances para resolver el conflicto, en 2018 su secretario general, António Guterres, declaró el fracaso de los buenos oficios y, meses después, Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

La CIJ fijó para el próximo 26 de febrero audiencia para que las partes puedan realizar sus consultas sobre el juicio, al que se opone Venezuela.