Según recogen medios locales, un portavoz de la fiscalía en Varsovia aseguró que se va a acusar a Marta Lempart de poner en riesgo la salud de quienes han salido en las últimas semanas a protestar en medio de la pandemia.

Además, se le imputa el haber insultado y escupido a un agente de policía, y aplaudido en una entrevista radiofónica los ataques a la Iglesia católica.

Lempart, por su parte, consideró estas acusaciones como una nueva vuelta de tuerca de la presión política contra el movimiento contrario a las restricciones a la interrupción del embarazo.

Las protestas comenzaron en octubre de 2020, después de que el Tribunal Constitucional declarase ilegal el aborto en el caso de malformación del feto, uno de los tres hasta entonces legales en la restrictiva normativa polaca y el mayoritariamente empleado en el país.

La querella ante el Tribunal Constitucional la habían enviado parlamentarios del partido gubernamental, el ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS), y la presidenta de la corte era una juez nombrada por este misma fuerza tras su polémica reforma de la judicatura.

Las protestas se recrudecieron en enero, después de que el Ejecutivo, cumpliendo la sentencia del Constitucional, reformase la ley de interrupción del embarazo.

Actualmente sólo se puede abortar legalmente en Polonia si está en peligro la vida de la madre o si esta ha sido objeto de un delito (violación o incesto).

En Polonia -con 37 millones de habitantes- se realizan al año unas 2.000 interrupciones del embarazo, de las que la inmensa mayoría eran por malformación del feto. Colectivos feministas estiman que unas 200.000 polacas recurren al aborto anualmente, ya sea de forma ilegal o en el extranjero.