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Entre los nueve acusados figuran personalidades respetadas de la lucha por las libertades en la antigua colonia británica, defensores de la no violencia que llevan décadas movilizándose por la instauración de un sufragio universal en condiciones.
Uno de los más conocidos es el abogado Martin Lee, de 82 años, quien hace décadas fue elegido por Pekín para redactar la Ley Fundamental (Basic Law), el texto que hace las veces de miniconstitución en la región semiautónoma.
También destacan la exdiputada de la oposición Margaret Ng, una abogada de 73 años, y el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, actualmente en prisión preventiva por distintos casos en nombre de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín a finales de junio de 2020.
Algunos de ellos son miembros del Frente Civil por los Derechos Humanos (CHRF) , la coalición que organizó las manifestaciones gigantescas de 2019, cuando la ciudad vivió su peor crisis política desde su devolución en 1997, con movilizaciones casi a diario.
Cuando los acusados entraron este martes en el tribunal, varios activistas hicieron un saludo de tres dedos, un gesto que se ha convertido en Asia en un símbolo de la lucha contra el autoritarismo.
“¡Reunirse no es un delito! ¡Abajo la persecución política!”, gritó Leung Kwok-hung, un activista apodado “Pelo Largo”, uno de los nueve acusados, que ya pasó por la cárcel por su participación en las manifestaciones.
El grupo, que se expone a hasta cinco años de detención, está siendo juzgado por organizar una manifestación no autorizada en agosto de 2019, la segunda más multitudinaria en siete meses de protestas.
Ese día los organizadores aseguraron que 1,7 millones de manifestantes habían participado en ella, lo que representa casi una cuarta parte de la población de Hong Kong. Esta cifra no se ha podido verificar con una fuente independiente.
Durante horas, una enorme manifestación recorrió las calles del centro de Hong Kong.
Al comienzo del juicio, que se espera que dure unos diez días, todos los acusados, excepto dos, se declararon inocentes.
Au Nok-hin, antiguo jefe de la CHRF, se declaró culpable de organizar y participar en una manifestación no autorizada.
El uso de esta calificación ha sido denunciado desde hace tiempo en Hong Kong por las asociaciones de derechos humanos.
El martes, los fiscales acusaron a los procesados de desafiar las instrucciones de la policía al animar a la multitud a manifestarse, lo que interrumpió el tráfico en la ciudad.
La popularidad del movimiento quedó patente en las urnas con el triunfo de la oposición en las elecciones locales de noviembre de 2019.
Pero a principios de 2020 el movimiento perdió fuelle debido a las restricciones a las reuniones impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus y las miles de detenciones.
Los manifestantes no han conseguido nada, salvo que se abandone la controvertida ley de extradición que había desencadenado la protesta.
En 2020 las autoridades chinas reforzaron el control sobre la región, principalmente a través de la ley de seguridad nacional impuesta en junio.
Las manifestaciones están prohibidas y las autoridades, con el pretexto de la pandemia, han aplazado un año las elecciones legislativas en las que la oposición partía como favorita para ganar.