MANAGUA (EFE). En un informe titulado “Silencio a cualquier precio: tácticas de Estado para profundizar la represión en Nicaragua”, AI señala al Gobierno sandinista de usar diversas estrategias para silenciar críticas y demandas sociales, lo cual ha profundizado la crisis de derechos humanos que estalló hace 34 meses.
“Las autoridades han seguido una política de erradicación, a toda costa, del activismo y la defensa de los derechos humanos”, sostuvo AI en el nuevo informe, en el que expone las estrategias utilizadas por las autoridades “responsables de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país, donde quien se oponga a las políticas gubernamentales puede perder su libertad e incluso su vida”.
“Durante casi tres años, el Gobierno de Daniel Ortega ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que los derechos humanos se conviertan en una realidad en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
Guevara-Rosas comentó que cuando las imágenes de la “violenta represión de las protestas masivas, que estallaron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social, aparecieron en las portadas de los principales periódicos de todo el mundo en 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había alcanzado su punto máximo”.
“Sin embargo, la pesadilla continúa”, advirtió la activista, que observó que las organizaciones locales siguen denunciando el encarcelamiento de quienes se oponen al régimen.
Calvario de los presos políticos
A finales de noviembre de 2020, cuando se finalizó el informe, más de 100 personas permanecían tras las rejas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, según AI.
Asimismo, advirtió que la situación de los presos políticos no mejora significativamente “incluso después de salir de prisión”.
“El nivel de acoso que experimentan tras su regreso a casa es tal que les impide realizar sus actividades diarias, como trabajar o estudiar, y que continuar con su activismo conlleva un alto riesgo para su vida y libertad”.
Los tipos de acoso incluyen controles excesivos por parte de funcionarios de inmigración y policía en las fronteras con países vecinos, una fuerte presencia policial en eventos religiosos, vigilancia continua de sus hogares por parte de agentes de policía, arrestos, agresiones físicas, amenazas directas de los agentes de policía, sus hogares son marcados y agredidos, y daños a sus pertenencias y medios de vida, mencionó.
Las constantes amenazas y hostigamientos han provocado que cientos de miles de personas huyan a otros países para salvaguardar su libertad y sus vidas, agregó.
“Las opciones eran: la cárcel, el cementerio o el exilio”, dijo a AI Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos que ahora vive fuera de Nicaragua.