BRASILIA (EFE). La apelación deberá ser juzgada por el pleno del Supremo, formado por once magistrados, y en ella no solo estarán en juego las penas de cárcel dictadas contra Lula, que suman casi 26 años, sino también sus derechos políticos y la posibilidad de postular a la Presidencia en 2022, que ha recuperado con el fallo que anuló las sentencias.
La anulación de las condenas fue decidida el pasado lunes por el magistrado Edson Fachin, miembro de la Corte Suprema e instructor en ese tribunal de la operación anticorrupción Lava Jato, que condujo la investigación contra Lula.
Fachin argumentó que las causas en las que Lula fue hallado culpable no tenían relación directa con los escándalos en la estatal Petrobras, a los que se limitaba la competencia de la corte de primera instancia entonces dirigida por el exjuez Sergio Moro.
El magistrado determinó que, debido a ese “error” de jurisdicción, los procesos deben ser anulados y retomados por tribunales de Brasilia.
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La Fiscalía demanda ante el Supremo mantener las decisiones adoptadas por el tribunal de Curitiba “se fundamenta en la defensa de la estabilidad procesal y la seguridad jurídica”.
También sostiene que en las cuatro causas que fueron anuladas, en dos de las cuales ya había sentencia, existía una relación con las corruptelas en Petrobras, pues trataban de sobornos supuestamente recibidos por el expresidente de empresas constructoras que obtuvieron contratos con la petrolera en forma fraudulenta.
Los casos en los que hubo sentencia (hasta segunda instancia) se refieren a un apartamento en el balneario de Guarujá y a una casa de campo en Atibaia, ambos la jurisdicción del estado de Sao Paulo, que habrían sido traspasados a Lula por los supuestos favores a esas empresas constructoras.
Los otros dos casos, pendientes de sentencia, están vinculados con el Instituto Lula, volcado a la cooperación y la investigación en las áreas de economía y política, y que también, de acuerdo al fallo de Fachin, deberían pasar a la órbita federal de Brasilia.
La Fiscalía General dice en su petición que, en caso de no ser aceptados sus argumentos, el Supremo remita a la justicia federal de la capital solo los dos casos en que no hubo sentencia y ratifique los otros dos.
Asimismo, pide que, “en la hipótesis de no aceptación de ninguno de esos pedidos, los procesos sean enviados a la Sección Judicial de Sao Paulo, en la medida en que los causas en cuestión se refieren a casos y valores relativos a inmuebles y al instituto con sede en ese estado”.