LA PAZ (EFE). Los seguidores del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, consideran que se está haciendo justicia.
Áñez fue detenida el pasado sábado, en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, y de inmediato fue trasladada a La Paz.
En su audiencia informativa de ayer, en la Fiscalía, la exmandataria interina se acogió a su derecho al silencio al no ser tratada como expresidenta del país y por ende ser sometida a un juicio de responsabilidades.
Áñez (2019-2020) consideró que su detención obedece a un “amedrentamiento político” y que detrás de todo está el MAS, del expresidente Evo Morales (2006-2019) y actual gobernante, Luis Arce.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó que se está “ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional”.
Áñez y sus exministros interinos fueron detenidos en el marco del caso llamado “golpe de Estado” y se les acusa de “sedición y terrorismo” durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Morales de la presidencia.
Evo llevaba 14 años en el poder y buscaba un cuarto mandato, pese a una prohibición constitucional.
Abusos
Carolina Rivera, hija de la expresidenta, dijo que lo que se hizo con su madre “es un abuso, una injusticia lo que hace el Gobierno del MAS, que es tan autoritario”.
Rivera confirmó que a su madre se le está negando su derecho a ser tratada como exjefa del Estado.
Sobre la ausencia de varios líderes políticos y cívicos que acompañaron a Áñez cuando asumió la Presidencia transitoria, y que hoy no han hecho acto de presencia, se limitó a decir “que cuando las cosas se ponen difíciles las personas se alejan, pero ella va a salir adelante”.
Rivera denunció que a ella también la detuvieron y luego la dejaron libre, pero varios de sus primos continúan arrestados sin que aún les hayan dado una explicación.
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y principal líder opositor, dijo que están buscando es “deslegitimar” la victoria de la disidencia en las recientes elecciones regionales.
El también expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002) advirtió de que “se ha querido criminalizar una sucesión constitucional” y pidió que se convoque una reunión de todos los sectores para defender la democracia.
Otras agrupaciones ciudadanas se declararon en emergencia.