BRUSELAS (EFE). La Comisión Europea debería haber completado una evaluación actualizada del impacto sobre la sostenibilidad (EIS, en sus siglas en inglés) antes de cerrar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, determinó, tras una investigación, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly.
Diversos sectores, entre ellos la Eurocámara, paralizan la ratificación del acuerdo con Mercosur junto a países como Francia, Bélgica, Países Bajos y Austria que piden un refuerzo de controles medioambientales, pero también hay inquietudes por cuestiones de competitividad y agrícolas.
Principalmente, en sectores de producción agropecuaria, altamente subsidiados en diversos países europeos, y que no podrán competir con la producción sudamericana, que es de gran cantidad y calidad.
En un comunicado publicado este viernes, la Defensora instó a que, en futuras negociaciones comerciales, dichas evaluaciones sean concluidas antes del acuerdo final.
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“La UE proyecta sus valores a través de sus tratados comerciales. Concluir un acuerdo comercial antes de que se haya evaluado plenamente su posible impacto podría socavar esos valores y la capacidad de los ciudadanos para debatir los méritos del acuerdo”, declaró O’Reilly en la nota.
Además, añadió, “también corre el riesgo de debilitar la capacidad del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales para debatir de manera exhaustiva el acuerdo comercial”.
La investigación de la Defensora del Pueblo Europeo se abrió tras la reclamación de cinco organizaciones de la sociedad civil, que alegan que la Comisión debía cerrar esos acuerdos comerciales con una evaluación más completa sobre su potencial impacto económico, social, en materias de derechos humanos y de medio ambiente.
Los negociadores cerraron el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur en junio de 2019.
La Defensora concluyó que la Comisión tenía la responsabilidad de asegurar que la evaluación se terminase a su debido tiempo, y que su “incapacidad” para conseguirlo era una muestra “de mala administración”.
“El acuerdo comercial EU-Mercosur podría traer grandes consecuencias, tanto positivas como negativas, para ambas partes”, dijo O’Reilly, por lo que, añadió, que la Comisión Europea debería haber estado en condiciones de demostrar que había tenido plenamente en cuenta el impacto potencial en el medio ambiente y en otras áreas antes de que se alcanzara el acuerdo.
“El hecho de no finalizar la evaluación expone a la EU a críticas de que no se toma en serio los problemas planteados, y esto puede afectar a la percepción que se tiene del acuerdo en un momento en que tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros”, señaló la Defensora O’Reilly.
La Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmaron el acuerdo en 2019, tras 20 años de negociaciones, pero para entrar en vigor tiene que ser ratificado por los Gobiernos de los Veintisiete y por sus parlamentos nacionales, e incluso en algunos casos también por los regionales.
Según la Defensora, la Comisión explicó que tiene la intención de publicar la versión final de la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad antes de someter a ratificación el texto del acuerdo comercial EU-Mercosur.
La institución del Defensor había investigado previamente el modo de evaluar el impacto de un tratado comercial. En 2015, la Defensora concluyó que la Comisión debería haber realizado una evaluación en materia de derechos humanos antes de que el acuerdo comercial entre la UE y Vietnam fuese cerrado.