ONU urge al mundo a proteger a los birmanos de atrocidades del Ejército

En un comunicado conjunto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la asesora especial para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, reclamaron medidas al Consejo de Seguridad, que hasta ahora se ha limitado a condenar la represión violenta, sin emprender ningún tipo de acción contra la Junta militar.

”La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los birmanos de atrocidades”, señalaron Bachelet y Nderitu, que exigieron el fin inmediato de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

”Las acciones vergonzosas, cobardes y brutales del Ejército y la Policía -que han sido grabados disparando a manifestantes cuando huían y que ni siquiera han perdonado a niños pequeños- deben detenerse inmediatamente”, recalcaron.

El mensaje llegó después de que este sábado se saldase como el más sangriento desde que comenzó la represión, con al menos 107 muertos -incluidos 7 niños-, según informaciones citadas por la ONU.

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Bachelet y Nderitu señalaron que, aunque el Estado es quien tiene el papel principal a la hora proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional también tiene esa responsabilidad en casos donde las autoridades nacionales no cumplen.

Por ello, subrayaron, el mundo debe actuar a tiempo y de forma colectiva de acuerdo con la Carta de la ONU para “proteger a poblaciones civiles en riesgo de atrocidades”.

Aunque gran parte de la comunidad internacional ha condenado con mucha dureza las acciones de los militares, el Consejo de Seguridad -el órgano de la ONU que puede imponer sanciones o aprobar el uso de la fuerza- se ha mostrado tibio hasta ahora, con varios países reacios a actuar contra las autoridades birmanas.

China y Rusia, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, figuran entre los Estados miembros que hasta ahora han preferido no denunciar el golpe de Estado del 1 de febrero.

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En el pasado, Moscú y Pekín han protegido a las autoridades birmanas de posibles medidas por parte de la ONU, por ejemplo a raíz de la operación militar que en 2017 provocó un éxodo masivo de miembros de la minoría rohinyá y que fue calificada por Naciones Unidas como una “limpieza étnica”.

En su comunicado de este domingo, Nderitu y Bachelet exigieron el fin de la impunidad en Birmania y que los responsables de los crímenes más graves rindan cuentas.

”El fracaso a la hora de responder a atrocidades que el Ejército ha cometido en el pasado, incluidas contra los rohinyá y otras minorías, han llevado a Birmania a esta terrible situación”, defendieron.