BRASILIA (AFP). Ocho de los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) apoyaron la decisión tomada en marzo por el magistrado Edson Fachin, quien determinó que el tribunal de Curitiba que condenó a Lula por dos causas y lo procesó por otras dos no tenía competencia para hacerlo y que el exmandatario debe ser juzgado nuevamente por la justicia federal en Brasilia.
Todas esas causas, en las cuales Lula –de 75 años– siempre se declaró inocente, están vinculadas con la investigación Lava Jato sobre sobornos pagados a políticos para obtener contratos en la estatal petrolera Petrobras.
La decisión del STF no torna a Lula inocente, pero abre la puerta para que el líder izquierdista desafíe en las elecciones de 2022 al actual jefe de Estado, Jair Mesías Bolsonaro, su enemigo político declarado, cosa que todavía no ha decidido.
En una las condenas, Lula fue declarado culpable por el exjuez Sergio Moro en 2017 de corrupción y lavado.
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Los casos en los que hubo sentencia (hasta segunda instancia) se refieren a un apartamento en el balneario de Guarujá y a una casa de campo en Atibaia, ambos la jurisdicción del estado de São Paulo, que habrían sido traspasados a Lula por los supuestos favores a esas empresas constructoras.
Tras ser condenado en segunda instancia, en 2018, estuvo detenido 18 meses y quedó fuera de la carrera presidencial ganada por el actual presidente Jair Bolsonaro.
El exlíder sindical y fundador del Partido de los Trabajadores fue liberado después de que la corte suprema determinara en noviembre de 2019 que los condenados tenían derecho a agotar todos los recursos judiciales antes del cumplimiento efectivo de la pena.
“STF confirma los derechos de Lula! Día histórico. Tardó, pero llegó! Todavía hay muchas cosas para poner en su lugar, pero la incompetencia de Moro era el paso fundamental para eso, el primer pedido de la defensa”, escribió la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Glesi Hoffmann.
El próximo jueves, los once magistrados juzgarán también la decisión tomada en marzo por una sala de la alta corte de declarar “parcial” al exjuez Moro al dictar esa condena por la que el exmantario izquierdista fue a la cárcel.
Ese fallo ha implicado un nuevo revés a la Lava Jato, de la que Moro era la principal figura y que llevó a la cárcel a decenas de empresarios de primer plano y a políticos de casi todos los partidos.
Y tiene implicaciones políticas, porque Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, hasta que salió del cargo tras enemistarse con el mandatario, y numerosos analistas lo sitúan en la carrera presidencial en 2022.
Lula tiene pendientes otras dos denuncias en Curitiba, que también serán trasladadas a otro juzgado, así como por lo menos otras tres causas que ya se hallan en el Distrito Federal.
“Ya probé mi inocencia”
Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por esos procesos ahora anulados, ha proclamado desde siempre su inocencia y también recurrido en otras instancias contra la jurisdicción de Curitiba.
“Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme”, declaró el pasado jueves Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia.
“Yo ya probé mi inocencia. Quiero ver ahora que aparezca alguien a probar mi culpa”, desafió Lula, quien una vez confirmado el fallo que anuló los procesos de Curitiba recupera todos sus derechos políticos y podrá aspirar a la Presidencia en 2022.
Rechazo a la apelación de la Fiscalía General
En su voto de ayer, el magistrado instructor del caso Lava Jato en la Corte, Edson Fachin, dijo que el juzgado de Curitiba –donde Sergio Moro fue juez– no era “el juez universal”, porque los hechos atribuidos a Lula “no están restringidos a Petrobras, sino a una extensa gama de órganos públicos”.
La Fiscalía había demandado ante el Supremo Federal mantener las decisiones adoptadas por el tribunal de Curitiba que “se fundamenta en la defensa de la estabilidad procesal y la seguridad jurídica”.
También sostenía en su apelación que en las cuatro causas que fueron anuladas, en dos de las cuales ya había sentencia, existía una relación con las corruptelas en Petrobras, pues trataban de sobornos supuestamente recibidos por Lula de empresas constructoras que obtuvieron contratos con la petrolera en forma fraudulenta.