"En referencia a los recientes artículos de prensa, destacar que el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado ninguna financiación para apoyar la campaña electoral del presidente Kais Said. A este respecto, Estados Unidos afirma su pleno respeto a la integridad e independencia de la democracia tunecina", publicó hoy la embajada norteamericana en Túnez a través de su cuenta de Twitter.
En una entrevista a la agencia estatal TAP, el responsable de la campaña electoral del presidente, Fawzi Daas, confirmó haber declarado como testigo ante la justicia militar, que abrió este lunes una investigación después de que el parlamentario Rached Khiari publicara un vídeo en las redes sociales para denunciar un supuesto caso de corrupción e injerencia extranjera.
El exdiputado del partido nacionalista de tendencia salafista "Al Karama" y actualmente independiente aseguró que los fondos llegaron a través de los servicios de inteligencia estadounidense por medio de órdenes judiciales y defendió tener en su posesión documentos que lo confirman.
Esta polémica se produce en un momento de alta tensión política en el país, escenario desde hace tres meses de una lucha de poderes entre las presidencias: el primer ministro, Hichem Mechichi; el presidente del Parlamento y líder del partido islamista "Ennahda", Rached Ghannouchi, y el propio mandatario.
Ennahda, la principal fuerza parlamentaria, acusó este martes al jefe del Estado de tener "tendencias autoritarias" y de intentar extender sus prerrogativas- limitadas a la diplomacia y la defensa- después de que el pasado domingo declarase ser, no solo comandante supremo del Ejército, sino también de todas las fuerzas de seguridad pese a que la Constitución no se lo atribuye.
El pasado 26 de enero el Ejecutivo obtuvo una amplia mayoría parlamentaria para proceder a cambiar once de sus 25 ministerios- entre los que se encuentran los de Interior, Justicia y Sanidad- con el objetivo de crear un gabinete más "efectivo".
Sin embargo, Said rechazó presidir la ceremonia del juramento del cargo, tal y como recoge la constitución, al considerar que no fue consultado previamente y debido a las sospechas de conflicto de intereses y corrupción que planean sobre algunos de sus miembros.
El Parlamento aprobó a principios de abril una serie de enmiendas a la ley para acelerar la puesta en marcha del Tribunal Constitucional, única institución competente para desbloquear esta situación y pendiente de creación desde 2015, pero Said rechazó una vez más firmar el nuevo texto al considerarlo desfasado.