Así, se prohíbe a personas y empresas la fabricación o comercio exterior e interior con este tipo de productos, aunque se excluyen los de uso militar y para protección civil, para investigación o cuando no haya una alternativa sin mercurio viable, entre otras excepciones.

El mercurio "es un producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente", considera el decreto.

Esta norma se adapta así al Convenio de Minamata sobre el Mercurio, firmado y suscrito por Colombia en 2013, y que entró en vigor en 2017 para proteger al medioambiente y al ser humano de las emisiones de mercurio y los componentes del mismo.

En julio de 2018 entró en vigor en Colombia la prohibición del uso de mercurio en la minería en el país, un decisión pionera en el mundo y entre los 70 países en desarrollo que usan este elemento nocivo en la industria extractiva.

El mercurio es un elemento altamente contaminante y peligroso tanto para el medioambiente como para la salud del ser humano y las emisiones a la atmósfera aumentaron un 20 % entre 2010 y 2015, sobre todo en Suramérica y África subsahariana.

Los más vulnerables, además de los mineros que extraen el material, son los fetos y neonatos, debido a que su sistema nervioso está en formación, por lo que su exposición al mercurio causa daños irreversibles al cerebro.