Adoptada en marzo pasado por el Consejo (los países), la nueva regulación obliga a las plataformas a eliminar o deshabilitar el acceso al contenido terrorista señalado en todos los Estados miembros en el plazo de una hora después de recibir una orden de la autoridad competente, informó el PE en un comunicado.

Los Estados miembros adoptarán normas sobre sanciones, cuyo grado tendrá en cuenta la naturaleza del incumplimiento y el tamaño de la empresa responsable.

“Creo firmemente que lo que logramos es un buen resultado, que equilibra la seguridad y la libertad de expresión en Internet, protege el contenido legal y el acceso a la información para todos los ciudadanos de la UE, mientras lucha contra el terrorismo a través de la cooperación y la confianza entre los estados", subrayó el relator del reglamento, el eurodiputado conservador polaco Patryk Jaki.

La reglamentación abarca todo tipo de formato ya sean textos, imágenes, grabaciones de sonido o videos, incluidas las transmisiones en vivo, que inciten, soliciten o contribuyan a delitos terroristas, proporcionen instrucciones para dichos delitos o soliciten a las personas que participen en un grupo terrorista.

También cubrirá material que proporcione orientación sobre cómo fabricar y utilizar explosivos, armas de fuego y otras armas con fines terroristas.

EXCEPCIONES

El contenido subido con fines educativos, periodísticos, artísticos o de investigación, o utilizado con fines de sensibilización, no se considerará contenido terrorista según estas nuevas reglas.

Las plataformas de internet no tendrán la obligación general de monitorear o filtrar el contenido, pero cuando las autoridades nacionales competentes hayan establecido que un proveedor de servicios de alojamiento esté expuesto a contenido terrorista, la empresa deberá tomar medidas específicas para evitar su propagación.

Entonces dependerá del proveedor del servicio decidir qué medidas específicas tomar para evitar que esto suceda, y no habrá obligación de utilizar herramientas automatizadas.

Las empresas deben publicar informes anuales de transparencia sobre las medidas que han tomado para detener la difusión de contenido terrorista.

El reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el “Diario Oficial” de la UE y comenzará a aplicarse un año después.