El tribunal especializado en casos de corrupción financiera decidió aplazar hasta el próximo 6 de mayo el examen de los contratos de publicidad entre la productora audiovisual de Fehri, "Cactus Production", y la televisión estatal, cuyos ingresos eran desviados supuestamente al empresario y que podrían ser la prueba de un delito de enriquecimiento ilegal.
A mediados de marzo, el conocido presentador de televisión se entregó a las autoridades judiciales "incluso siendo inocente", aseguró, después de que el juzgado dictara una orden de búsqueda en su contra tras incumplir el plazo legal de 48 horas.
En el mismo caso fue condenado también el cuñado del fallecido dictador Zine El Abidine Ben Ali, Belhassen Trabelsi, a diez años de prisión además de una multa de 12 millones de euros cada uno.
Trabelsi fue detenido en 2019 por la justicia francesa, acusado de blanqueo y banda organizada, y desde entonces el Estado tunecino reclama su extradición.
El mismo tribunal tunecino acordó sin embargo el sobreseimiento del caso para cinco antiguos directores generales del "Establecimiento de la Televisión Tunecina" (ETT), así como del exministro de Exteriores y exconsejero presidencial Abdelwaheb Abdallah, gracias a la ley de reconciliación administrativa.
Este texto fue aprobado en 2017 durante el mandato del presidente Béji Caid Essebsi para facilitar la amnistía de 2.000 funcionarios implicados en casos de corrupción y malversación durante las dos décadas de dictadura con el objetivo de "rehabilitar" la administración del Estado.
El hombre de negocios fue liberado el pasado 17 de febrero a falta de un juicio, ya que la ley sólo permite prolongar el periodo de prisión preventiva a un máximo de 14 meses. Junto a Trabelsi, fundó en 2011 Ettounissia TV (Televisión Tunecina), que se ha convertido en una de las cadenas de mayor audiencia del país.
A finales de 2019, la justicia ordenó su ingreso en prisión -su cuarto encarcelamiento en una década- así como del gerente de su productora y la administradora judicial a cargo de esta sociedad intervenida en 2012.
Varias organizaciones y personalidades públicas lanzaron entonces una campaña mediática a favor de su liberación, al considerar que se trata de un juicio político, mientras su equipo de defensa calificó la detención de "verdadero secuestro" y acusó a la Fiscalía de "violar el código penal".