La portavoz adjunta del Departamento de Estado de EE.UU., Jalina Porter, afirmó en una rueda de prensa telefónica que “en todos los países del mundo los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica”, aunque rechazó el “vandalismo”.
Porter hizo un llamado también a las autoridades de seguridad colombianas para que muestren "la mayor contención" ante las protestas, e indicó que Washington "apoya" al Gobierno de Colombia en su búsqueda por solucionar la situación mediante el "diálogo".
Más contundente fue el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks, quien instó al presidente colombiano “a rebajar la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable”.
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Las manifestaciones comenzaron en noviembre de 2019 en protesta por la reforma fiscal anunciada por Duque y resurgieron la semana pasada, tras un año de pandemia que ha empobrecido a miles de familias colombianas.
Los colombianos que han salido a la calle protestan contra una reforma fiscal que, de haber salido adelante, hubiera golpeado especialmente a la clase media y a la baja, por la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 %.
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Las manifestaciones no han parado pese a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y han provocado ya la muerte de 18 civiles y un policía, además de 800 heridos, según la oficina de la ONU en el país.
La mayoría de las muertes se han producido en la ciudad de Cali, pero según la oficina de Naciones Unidas también ha habido fallecidos en otras zonas del país como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca.