De este tipo de agresiones no era común hablar en el país caribeño, ni en público ni en privado, debido a una serie de factores en los que influyen temas culturales, sociales o legales.
Sin embargo, desde hace varias semanas se registran denuncias de mujeres que aseguran haber sido atacadas o acosadas en la calle mientras caminaban, y más recientemente explotó una ola de demandas por abuso sexual, por parte de algunos miembros de bandas musicales del país y otros personajes del mundo de la cultura.
La situación conmocionó a los usuarios de Instagram y Twitter, y muchos aplaudieron la valentía de estas mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso y abuso sexual cuando eran menores de edad por parte del vocalista Alejandro Sojo, de la banda Los Colores, o Tony Maestracci, de Tomates Fritos, entre otros, ahora bajo investigación.
Hubo acusaciones también contra directores de teatro como Juan Carlos Ogando y José Pepé Arceo, entre otros.
Lea más: La Fiscalía venezolana abre vías exclusivas para denunciar abusos sexuales
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo entonces que, ante estas denuncias públicas, comenzaba una serie de averiguaciones, pero al mismo tiempo instó a presentarlas ante su despacho o comunicarlas mediante una línea de teléfono que se abrió con esta finalidad.
De momento, se desconoce cómo avanzan esas investigaciones, ya que las denuncias fueron hechas en redes sociales y para que pueda haber un proceso penal se necesita que los datos de la o el demandante queden registrados en un expediente, según explicó a Efe el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
EL SISTEMA “LES HA FALLADO” A LAS VÍCTIMAS
"A la hora de una responsabilidad penal sí es necesario que conste la identidad de la persona y que además presente su testimonio ante la Fiscalía", dijo Daniels, que sostiene, al igual que representantes de organizaciones que defienden los derechos de la mujer, que la Justicia venezolana les ha fallado a las víctimas de abuso sexual, por lo que recurren a las redes.
“La víctima, en primer lugar, ve las redes sociales como un lugar donde su agresor puede recibir el repudio social que ella espera”, pero también porque “la institución falló”, explica Ariana González, activista del movimiento Yo Te Creo.
La organización, que cuenta con más de 80 activistas y el apoyo de algunas ONG, busca hacer visibles las denuncias y acompañar a las víctimas en el proceso.
Lea más: ONG busca concienciar sobre la violencia hacia las niñas en América Latina
"Tenemos un equipo que está recibiendo todas las denuncias porque habilitamos un correo electrónico donde cualquier persona pueda escribirnos y contarnos su historia y esto surge de la necesidad de colaborar con algún tipo de cifras", dijo González.
Saab señaló el pasado 29 de abril que, desde 2017, se han solicitado 8.450 imputaciones por delitos relacionados al abuso sexual, 1.676 órdenes de aprehensión y que han sido presentadas 5.309 acusaciones.
Aún así, las organizaciones feministas, las víctimas e incluso abogados especialistas en la materia sostienen que las investigaciones demoran y que en algunos casos no prosperan ante el tratamiento subjetivo que los funcionarios dan al tema.
ONG INSTAN A SEGUIR DENUNCIANDO
Las ONG insisten en que las denuncias se presenten ante la Fiscalía porque, según González, en algún momento va a llegar alguien "al que sí le importe" el tema.
Por su parte, la psicóloga y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Magdymar León, también ve positivo que se estén denunciando estos hechos ya que, recuerda, siempre han existido, aunque antes no fuesen reconocidos por la sociedad como delitos”.
Lea más: El covid-19 empeora una situación ya dramática de violencia contra las mujeres según la OMS
"Las transformaciones en los marcos jurídicos también son muy recientes y siempre hay como un rezago entre lo que se ha escrito en la ley y lo que la colectividad luego conoce", dijo.
La primera ley de violencia contra la mujer en Venezuela data de 1998 y la más reciente -la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia- es de 2007 y contempla condenas a prisión con penas de hasta 20 años.